El Gobierno argentino avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Según información confirmada a Infobae por fuentes oficiales, el Ejecutivo de Javier Milei tiene listo un decreto que autoriza la venta del 49% de las acciones de NA-SA, con el objetivo de mantener el control estatal sobre este activo estratégico. El mecanismo prevé la licitación pública nacional e internacional de un 44% del capital, mientras que el 5% restante se destinará a los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP).
El decreto, que se publicará en los próximos días, establece que el Estado conservará el 51% de las acciones, asegurando así la mayoría accionaria y el control de las decisiones clave. La operación se enmarca en la Ley de Bases 27.742, que permite la privatización parcial de algunas empresas estatales, pero exige que el Estado mantenga el control o la participación mayoritaria del capital social. Además, la normativa estipula que cualquier decisión estratégica, como la ampliación de capacidad, la construcción de nuevas centrales o la salida de servicio de alguna planta por motivos no técnicos, requerirá el voto afirmativo del Estado nacional.
Actualmente, la composición accionaria de NA-SA se distribuye entre el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) con un 20% y Energía Argentina (Enarsa) con el 1%. Antes de concretar la venta, el decreto ordena que tanto la CNEA como Enarsa transfieran sus participaciones a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía. Una vez completadas estas transferencias, la autoridad de aplicación dictará las normas operativas y complementarias para llevar adelante la licitación, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher.
La privatización parcial de NA-SA se produce en un contexto en el que la empresa exhibe resultados financieros positivos. Durante el primer trimestre del año, la compañía declaró ganancias por $17.234 millones de pesos, situándose como una de las pocas empresas estatales superavitarias. NA-SA opera tres centrales nucleares que suman una potencia instalada de 1.763 MW, lo que representa el 4,1% de la capacidad bruta total del país. En 2023, la energía generada por estas plantas alcanzó el 7,35% del total aportado al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (Sadi), una cifra que se explica por el alto factor de capacidad de las centrales nucleares, que funcionan de manera más constante que otras tecnologías.
El marco legal que regula la operación es estricto. La Ley de Bases no solo limita la venta al 49% de las acciones, sino que también exige el voto estatal para decisiones estratégicas, como la incorporación de nuevos accionistas que puedan alterar el control societario. Este diseño busca evitar que el Estado pierda el control sobre un sector considerado sensible por su impacto en la matriz energética y la seguridad nacional.
En cuanto a la situación interna de la empresa, NA-SA cuenta con aproximadamente 3.100 empleados. En el sector se debate sobre la relación óptima entre plantilla y potencia instalada, que algunos especialistas sitúan entre 1 y 1,2 empleados por MW, lo que equivaldría a unos 2.116 trabajadores para la capacidad actual. Sin embargo, desde la empresa explican que la singularidad tecnológica de los reactores argentinos y la diversidad de las centrales justifican una dotación mayor, ya que requieren personal altamente calificado para el mantenimiento y la operación.
La situación financiera de la empresa presenta otros retos. Atucha I se encuentra fuera de servicio desde septiembre de 2024 para un proyecto de extensión de vida de 20 años, con una inversión prevista de USD 700 millones. Además, NA-SA debe afrontar una deuda con Cammesa que oscila entre USD 120 millones y USD 180 millones, y se estima que aún faltan invertir unos USD 300 millones en la planta.
El antecedente histórico más cercano de un intento de privatización en el sector nuclear argentino se remonta a 1994, durante la presidencia de Carlos Menem, según recordó el portal Econojournal. En ese entonces, se desmembró la Cnea y se creó NA-SA con el objetivo de privatizarla por completo. Sin embargo, la iniciativa fracasó debido a la resistencia sindical y política, así como al escaso interés de los inversores privados, quienes consideraron que los riesgos superaban los potenciales beneficios.
En el presente, la gestión de NA-SA ha experimentado cambios frecuentes en su presidencia durante los 21 meses de gobierno de Milei, reflejando la centralidad de la privatización en la agenda oficial. La designación de Demián Reidel como presidente y de Diego Chaher como director refuerza el perfil orientado a la transformación y venta parcial de la empresa.
En su rol como presidente de Nucleoeléctrica, Reidel liderará una compañía clave para el suministro energético del país. La empresa opera las tres centrales nucleares que actualmente tiene Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse, y también tiene a su cargo la construcción de nuevos proyectos en el sector. En este sentido, una de las metas más destacadas del Plan Nuclear Argentino es la construcción de nuevos reactores modulares de 300 MW, con diseño nacional, que se sumarán al complejo nuclear de Atucha, ubicado en Buenos Aires.
El propio Reidel destacó, semanas atrás, en Infobae, las fases del plan nuclear que impulsa el Gobierno, al igual que lo hizo en el evento del Hotel Libertador.
- Fase 1. Desarrollar un reactor modular SRM. Se buscará construir una nueva planta nuclear con cuatro de estos módulos en lo que iba a ser Atucha 3. Esa fase incluye el trabajo coordinado de Invap, Nucleoeléctrica, Conea, Conuar, y otros organismos y entidades, con otros jugadores privados y capital externo.
- Fase 2. Reidel la llama “modelo Gillette” y buscará exportar uranio. “De la misma forma en que te venden la maquinita de afeitar y los repuestos, podemos aprovechar la comercialización de estos reactores modulares para venderlos con un compromiso de compra de uranio argentino, mineral del que tenemos cuantiosas reservas, pero que está totalmente desaprovechado”, afirmó.
- Fase 3. Llegan las inversiones y las empresas mirarán al país como un lugar seguro para enchufar sus data centers, o lo que haga falta en el futuro. “Si logramos las fases 1 y 2, no va a ser ciencia ficción”, dijo.
Infobae
