El primer síntoma de que al gobernador no le resultará tan fácil la aprobación de los pliegos de aspirantes al Poder Judicial que envió hace pocos días al Senado fue la advertencia que lanzó ayer el justicialista goyano Albero Di Filippo, que pese a su condición de integrante del bloque “Pedro Ferré” anticipó que a la hora de analizar las postulaciones actuará con “absoluta independencia en materia de bloque y partidaria”.
El legislador marcó así distancia de la posición casi siempre funcional a los intereses del Gobierno que mantuvo desde su conformación la bancada que integra junto con su compoblano Jorge Antonio Abib y los nuevistas disidentes Javier Mustrassi, José Gustavo Pérego y Ernestina Dávila. En ese sentido, consideró que la facultad senatorial de prestar acuerdo a los candidatos a magistrados y funcionarios judiciales debe ser aplicada con “la mayor responsabilidad del caso”.
“Tengo plena conciencia de mis deberes como senador de la Provincia y mi opinión sobre los pliegos que ha remitido el Poder Ejecutivo será dada luego de que escuche el dictamen de la Comisión de Poderes, Acuerdos, Peticiones y Reglamentos”, aseguró el legislador en declaraciones a Radio Dos.
Así, aunque no anticipó cuál será su criterio frente a los cinco nombres propuestos por Colombi, dio pistas de que podría opinar en forma diferente a las posturas que asuman sus pares de bancada. Por caso, podría darse que Di Filippo vote en discrepancia con Abib en el ítem correspondiente al cargo de juez de Ejecución Tributaria, para el cual fue postulada una abogada que no rindió ante el Consejo de la Magistratuera pero tiene el mérito de ser la esposa del secretario privado del “Turco”.
En cuanto al pliego que envió el gobernador para designar al titular del Juzgado de Instrucción de Bella Vista, Di Filippo advirtió que estudiará la situación porque se trata de una repartición judicial para la cual el Senado ya prestó acuerdo a un aspirante. Se trata del abogado Simón Verón, elegido por el primer mandatario de una terna salida del Consejo de la Magistratura, avalado por la Cámara alta (con votos unánimes en julio de 2002) pero impedido hasta hoy de jurar como consecuencia de la jamás explicada decisión colombista de no dictar el decreto de designación.
En ese sentido, Di Filippo consideró que “mi responsabilidad como senador es la de dar el acuerdo a los postulantes que propone el Ejecutivo, pero no tengo atribuciones para obligar al gobernador a firmar un decreto de designación, como ocurre en el caso del doctor Verón”. Empero, agregó que “desde mi punto de vista personal creo que es una responsabilidad importante con la que no está cumpliendo el gobernador”.
Por otra parte, fuentes parlamentarias advirtiron ayer que tampoco la senadora nuevista Cristina Dávila (integrante del triunvirato díscolo del Panu junto con Pérego y Mustrassi) está muy convencida de apoyar ciegamente las propuestas de Colombi para el Poder Judicial. “Todo está por verse porque, como siempre hace, el gobernador no consultó a nadie para hacer este movimiento, ni a sus socios oficiales del Frente de Todos ni a sus aliados externos del Senado”, confió la fuente consultada por EL LITORAL.
RECURSO EN MARCHA
La senadora Mirta Salazán, por su parte, ratificó ayer a este diario que la semana próxima presentará un recurso de amparo para impedir que el nuevo pliego remitido por el Gobierno para quitar del medio al aspirante Verón llegue a ser considerado por la Cámara alta. Anticipó que “ya tengo el escrito preparado pero me faltan algunas constancias para acreditar mi condición de senadora con mandato vigente, que espero no me sean retaceadas por la Secretaría del cuerpo”.
Salazán también solicitará “fotocopias certificadas de la versión taquigráfica donde se aprobó el pliego de Veron y fotocopia del pliego de Verón que mandó el gobernador hace más de dos años”. Su objetivo es reunir toda la documentación necesaria para “impedir que al tribunal se le ocurra rechazarme la presentación”.
La legisladora consideró que “está más que claro que Colombi tiene “la firme determinación de que los postulantes Simón Verón (por Bella Vista) y Julio López (por Santo Tomé) no asuman los cargos para los cuales fueron respaldados por el Senado”, por lo que adelantó que “llevaré este caso hasta los más altos estamentos nacionales no sólo de la Justicia sino también del Poder Ejecutivo y Legislativo, como por ejemplo el Ministerio del Interior, la Secretaría General de la Presidencia y la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación”.
EL COLEGIO A BELLA VISTA
El secretario de Colegio de Abogados de la primera circunscripción judicial, Yamandú Barrios, anticipó ayer por el programa “Mediodía”, de FM Sudamericana, que dirigentes de esa entidad viajarán este fin de semana a Bella Vista para analizar con los profesionales del foro las medidas a tomar en el caso de la postergada designación de Simón Verón como juez de Instrucción de esa localidad.
El encuentro está previsto desde hace varios días con motivo de haberse celebrado hace poco el Día del Abogado, pero al motivo original -que era festejar la fecha con los letrados de esa zona de la Provincia- se le sumará la preocupación que genera entre los profesionales del derecho la acefalía de hecho en que se encuentra el Juzgado penal de primera instancia pese a que, en el plano teórico, el titular del cargo está en condiciones de asumir desde hace dos años, cuando recibió acuerdo unánime de la Cámara alta.
El legislador marcó así distancia de la posición casi siempre funcional a los intereses del Gobierno que mantuvo desde su conformación la bancada que integra junto con su compoblano Jorge Antonio Abib y los nuevistas disidentes Javier Mustrassi, José Gustavo Pérego y Ernestina Dávila. En ese sentido, consideró que la facultad senatorial de prestar acuerdo a los candidatos a magistrados y funcionarios judiciales debe ser aplicada con “la mayor responsabilidad del caso”.
“Tengo plena conciencia de mis deberes como senador de la Provincia y mi opinión sobre los pliegos que ha remitido el Poder Ejecutivo será dada luego de que escuche el dictamen de la Comisión de Poderes, Acuerdos, Peticiones y Reglamentos”, aseguró el legislador en declaraciones a Radio Dos.
Así, aunque no anticipó cuál será su criterio frente a los cinco nombres propuestos por Colombi, dio pistas de que podría opinar en forma diferente a las posturas que asuman sus pares de bancada. Por caso, podría darse que Di Filippo vote en discrepancia con Abib en el ítem correspondiente al cargo de juez de Ejecución Tributaria, para el cual fue postulada una abogada que no rindió ante el Consejo de la Magistratuera pero tiene el mérito de ser la esposa del secretario privado del “Turco”.
En cuanto al pliego que envió el gobernador para designar al titular del Juzgado de Instrucción de Bella Vista, Di Filippo advirtió que estudiará la situación porque se trata de una repartición judicial para la cual el Senado ya prestó acuerdo a un aspirante. Se trata del abogado Simón Verón, elegido por el primer mandatario de una terna salida del Consejo de la Magistratura, avalado por la Cámara alta (con votos unánimes en julio de 2002) pero impedido hasta hoy de jurar como consecuencia de la jamás explicada decisión colombista de no dictar el decreto de designación.
En ese sentido, Di Filippo consideró que “mi responsabilidad como senador es la de dar el acuerdo a los postulantes que propone el Ejecutivo, pero no tengo atribuciones para obligar al gobernador a firmar un decreto de designación, como ocurre en el caso del doctor Verón”. Empero, agregó que “desde mi punto de vista personal creo que es una responsabilidad importante con la que no está cumpliendo el gobernador”.
Por otra parte, fuentes parlamentarias advirtiron ayer que tampoco la senadora nuevista Cristina Dávila (integrante del triunvirato díscolo del Panu junto con Pérego y Mustrassi) está muy convencida de apoyar ciegamente las propuestas de Colombi para el Poder Judicial. “Todo está por verse porque, como siempre hace, el gobernador no consultó a nadie para hacer este movimiento, ni a sus socios oficiales del Frente de Todos ni a sus aliados externos del Senado”, confió la fuente consultada por EL LITORAL.
RECURSO EN MARCHA
La senadora Mirta Salazán, por su parte, ratificó ayer a este diario que la semana próxima presentará un recurso de amparo para impedir que el nuevo pliego remitido por el Gobierno para quitar del medio al aspirante Verón llegue a ser considerado por la Cámara alta. Anticipó que “ya tengo el escrito preparado pero me faltan algunas constancias para acreditar mi condición de senadora con mandato vigente, que espero no me sean retaceadas por la Secretaría del cuerpo”.
Salazán también solicitará “fotocopias certificadas de la versión taquigráfica donde se aprobó el pliego de Veron y fotocopia del pliego de Verón que mandó el gobernador hace más de dos años”. Su objetivo es reunir toda la documentación necesaria para “impedir que al tribunal se le ocurra rechazarme la presentación”.
La legisladora consideró que “está más que claro que Colombi tiene “la firme determinación de que los postulantes Simón Verón (por Bella Vista) y Julio López (por Santo Tomé) no asuman los cargos para los cuales fueron respaldados por el Senado”, por lo que adelantó que “llevaré este caso hasta los más altos estamentos nacionales no sólo de la Justicia sino también del Poder Ejecutivo y Legislativo, como por ejemplo el Ministerio del Interior, la Secretaría General de la Presidencia y la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación”.
EL COLEGIO A BELLA VISTA
El secretario de Colegio de Abogados de la primera circunscripción judicial, Yamandú Barrios, anticipó ayer por el programa “Mediodía”, de FM Sudamericana, que dirigentes de esa entidad viajarán este fin de semana a Bella Vista para analizar con los profesionales del foro las medidas a tomar en el caso de la postergada designación de Simón Verón como juez de Instrucción de esa localidad.
El encuentro está previsto desde hace varios días con motivo de haberse celebrado hace poco el Día del Abogado, pero al motivo original -que era festejar la fecha con los letrados de esa zona de la Provincia- se le sumará la preocupación que genera entre los profesionales del derecho la acefalía de hecho en que se encuentra el Juzgado penal de primera instancia pese a que, en el plano teórico, el titular del cargo está en condiciones de asumir desde hace dos años, cuando recibió acuerdo unánime de la Cámara alta.
