La tercerización de los impuestos imita el modelo de la Intervención

La empresa que desde octubre de 2004 gerencia la recaudación tributaria de Corrientes es, sino la misma, hermana gemela de la consultora Altec que fuera contratada por la Intervención Federal de Ramón Mestre hace seis años. El diputado liberal José Ameghino Arbo lo demostró durante la interpelación a la que fue sometido el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, oportunidad en la que exhibió y luego entregó a este diario documentación que desnuda las conexiones entre una y otra firma, así como el verdadero sentido de la decisión política adoptada por el gobernador Ricardo Colombi al privatizar el cobro de impuestos sin licitación: continuar con el criterio verticalista y el escaso apego a los mecanismos de contralor que instaurara a partir de diciembre de 1999 la armada cordobesa conducida por el fallecido odontólogo radical.

Así como Altec (Alta Tecnología) gobernó a gusto y paladar a la Dirección General de Rentas durante la Intervención Federal y los dos primeros años de la gestión de Ricardo Colombi, la consultora Karstec desempeña las mismas funciones pero con un poder aún más concentrado, ya que su relación contractual no depende directamente del Gobierno provincial sino del Banco de Corrientes, una entidad que pese estar constituida por una mayoría accionaria estatal funciona como empresa privada y se rige por normas del derecho privado. Es decir: el banco está exento de los controles parlamentarios y de las observaciones que puedan formular el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Estado, lo que implica por carácter transitivo que tampoco Karstec (y su socia llamada “Servicios de Consultoría”).

En otras palabras, Colombi entregó la recaudación tributaria de la Provincia a una empresa privada con moño y todo, sin que los demás Poderes del Estado puedan actuar en caso de que la gerenciadora cometa alguna clase de arbitrariedad con los contribuyentes porque el negocio se consumó entre dos sociedades anónimas: el Banco de Corrientes presidido por el abogado Alejandro Retegui y la consultora Karstec, que paradójicamente está compuesta por los mismos integrantes que figuraban como responsables de Altec en la era mestrista.

DE LA DOCTA

La documentación que proporcionó el diputado Arbo a este diario en plena reunión informativa, frente a los ojos saltones de Vaz Torres y a la mueca desencajada del siempre ubicuo Retegui, prueba que Colombi sólo cumplió con los designios de su mentor político. Había que mantener a los amigos cordobeses en el mercado de los impuestos correntinos y -aunque camuflados en una razón social de origen local- sólo hubo que cambiar el nombre de la empresa para guardar algunas formas a la hora de entregar la caja de Rentas a la empresa gerenciadora.

Ahora Altec es Karstec, y en ella aparecen nombres conocidos. Por ejemplo, según el pedido de informes que formulara el Senado provincial el 12 de marzo de 2002, el entonces gerente general de Altec, Cristian Karsten, es hoy uno de los accionistas de la consultora que actualmente cobra los impuestos de la DGR correntina a cambio de un canon de aproximadamente 10 millones de pesos por año. Esa suma está garantizada en el contrato suscripto por la empresa con el Banco de Corrientes, que a su vez recibió tales atribuciones del Ministerio de Hacienda, en un mecanismo de triangulación que le permitió a la administración colombista eludir todos los controles estipulados por las normas del derecho público, en especial a la Legislatura, que se enteró de la tercerización de los impuestos por EL LITORAL.

Otros detalles no menos sospechosos surgieron del interrogatorio de los diputados opositores al ministro de Hacienda y sus colaboradores. Por ejemplo, que la inversión realizada por la consultora para encargarse de administrar la recaudación fiscal de Corrientes es de 10 millones de pesos, de los cuales seis corresponden al software que utilizan los operarios de la empresa para cobrar y contabilizar los ingresos tributarios en un marco de “conectividad” full, según destacó el presidente del banco, Alejandro Retegui, quien confesó haber sido, junto con su equipo técnico, el autor intelectual de la concesión.

SIN RIESGOS

Más allá de que seis millones de pesos es una suma descomunal para valuar un programa de computación por más específico y exclusivo que sea, los funcionarios de Hacienda terminaron por admitir que la consultora Karstec recuperará su inversión en el lapso de un año a contar desde que comenzó a prestar el servicio. Es decir que en octubre de este año, la empresa habrá embolsado en concepto de comisión una suma equivalente a la volcada en la disposición de equipos, programas y personal.

El resto será ganancia neta y con un riesgo empresario muy bajo, ya que está previsto un incremento sostenido de la recaudación y, por ende, una suba proporcional de los honorarios que a percibir por la consultora. Pero si alguna crisis económica se desatara en el país en los próximos 10 años, Karstec mantendrá el promedio de ingresos en base a claúsulas contractuales que garantizan un piso. Así consta en el acuerdo de tercerización, denunciado por los diputados como un instrumento para “beneficiar a una empresa privada en detrimento de todos los correntinos, que deberán pagar con el sudor de su frente los más de 100 millones de pesos que estos intermediarios levantarán en la Provincia mientras dure la concesión”, según advirtió en el recinto el justicialista Luis “Kuto” Badaracco.