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No perdamos a este Uruguay

El país sudamericano tiene una historia política de conciliación y transiciones tersas. Pero el nuevo presidente tendrá desafíos que ponen en riesgo la célebre tradición uruguaya de la moderación.

Por Sylvia Colombo
Nota publicada en 
New York Times.

Montevideo - El Uruguay no es un país de extremos. Es una condición inusual en Latinoamérica, una región con múltiples crisis políticas y sociales y tentaciones autoritarias. En marzo, cuando asume el nuevo presidente, resguardar esa tradición de moderación y diálogo debe ser su mayor promesa.
Poco antes de que ganara Luis Lacalle Pou en una competida segunda vuelta, banderas de distintos colores y afiliaciones ondeaban en la rambla en Montevideo. En medio, con una bandera blanca, un joven gritaba: “No perdamos este país”. Esa imagen de optimismo, en el que políticos y ciudadanos han hecho un pacto de conciliación y avances progresistas sin importar el bando, nos llena de entusiasmo al resto de América Latina.
Soy una periodista brasileña que he cubierto Sudamérica por veinte años y en los últimos meses he reporteado, desde Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina, tensiones sociales en ebullición y conflictos políticos. Por eso, esa excepcionalidad uruguaya es tan esperanzadora. Lacalle Pou deberá escuchar durante su gobierno a la voz anónima del joven que pide no perder esa histórica falta de polarización.
Es justo eso lo que ha hecho que el país tenga una transición ejemplar de un gobierno de centroizquierda a uno de centroderecha.
Uruguay había estado gobernado durante casi quince años por una centroizquierda moderada, responsable en sus medidas económicas y que nunca se alineó a los proyectos izquierdistas más radicales de América Latina -como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua-. En marzo, el país será dirigido por una centroderecha que no necesita hacer grandes reformas ni tiene arrebatos autoritarios -como en Brasil o Guatemala-.
Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, ganó en el balotaje del 24 de noviembre. Pese a la poca diferencia de votos entre el candidato de izquierda y de derecha, ninguna fuerza política puso en duda el resultado. Y es que el extremismo aún no tiene espacio en Uruguay porque hay algo crucial que el resto de la región debe tomar como modelo: entre las diferentes fuerzas políticas hay un consenso sobre el valor de la democracia.
Los líderes del Frente Amplio ya habían hablado de la importancia de la alternancia en la democracia. Y, durante la campaña, Lacalle Pou prometió no dar marcha atrás en los avances de los derechos civiles -la ley del aborto legal, la regulación de la marihuana, matrimonio igualitario- que se han logrado con la alianza de sus opositores y el domingo de la votación, cuando se dio a conocer que el escrutinio final de votos tendría que demorar unos días porque la diferencia era minúscula, imperó el orden: nadie disputó el resultado.
La historia de Uruguay es proclive a las transiciones suaves. Con la excepción de su traumática dictadura de 1973 a 1985, este es un país vinculado al respeto de la ley, la institucionalidad y un compromiso con la democracia más allá de las ideologías.
Por eso es difícil etiquetar de manera tajante a los partidos que conforman su ecosistema político de izquierdistas o derechistas. Cuando se fundó en el siglo XIX, el Partido Colorado fue un partido progresista; aunque estuvieron vinculados al conservadurismo, hoy es un partido urbano y liberal. Por su lado, el Nacional nació para defender los intereses del mundo rural y se consolidó como el ala más conservadora de la política uruguaya, pero siempre ha mantenido una corriente más progresista en su interior. Fue en el Nacional, donde el expresidente José Mujica empezó a militar.
En ese sentido, el presidente electo, Lacalle Pou, es un político al clásico estilo uruguayo: pertenece a un clan influyente -su padre, Luis Alberto Lacalle, fue presidente de 1990 a 1995-, pertenece a un partido tradicional y durante la campaña siempre actuó conforme a la cultura política local: respeto  a la ley, al protocolo y a sus adversarios.
Sin embargo, esta placidez en la transición no significa que Lacalle Pou tendrá una gobernabilidad tersa y fácil. Para asegurar su victoria, se alió a otros cuatro partidos con los que tendrá que negociar y hacer concesiones. Para mantener una mayoría en el parlamento tendrá que conservar esa alianza firme hasta el final.
Pero ese no es su principal problema. Uno de los partidos con los que negoció, Cabildo Abierto, ha estado amenazando la tradición uruguaya de moderación que su gobierno debe defender a toda costa. El líder de este partido es el general retirado Guido Manini Ríos, quien ha empleado un discurso parecido al del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro: habla en términos nacionalistas -considera que los refugiados venezolanos reciben demasiados “beneficios”- y ha prometido reforzar la seguridad y proteger los valores de la familia, por lo que está en contra de la legalización del aborto y la marihuana. El día de la segunda vuelta, Ríos publicó un video en el que instaba a los militares a no votar por la izquierda. Lacalle Pou intentó reparar el daño y aclaró que no estaba de acuerdo con el mensaje.
Así que, en medio de un continente que tiende cada vez más a la polarización, el nuevo presidente tendrá que mantener la armonía de los cinco partidos de su coalición, mantener una buena relación con la oposición y moderar las posturas extremistas de Manini Ríos.
No será del todo sencillo: Lacalle Pou, quien hasta ahora no había ocupado ningún cargo administrativo importante, se enfrenta a un problema de seguridad que ha inquietado a los votantes. Ha habido un aumento considerable en robos y secuestros y la violencia alcanzó un récord histórico: 11,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y también su gobierno se encontrará con una economía estancada -se prevé que en 2020 el país crecerá sólo un 1,5 por ciento o menos, un porcentaje que contrasta con el promedio anual de crecimiento del 4 por ciento en los últimos quince años-.
En una región convulsa, donde las fórmulas neoliberales están contra las cuerdas y han sido confrontadas en las calles, Lacalle Pou debe ser cuidadoso. A su favor está la historia del Uruguay: coaliciones coherentes y oposiciones respetuosas. Contra él, tiene la inexperiencia y el surgimiento de nuevas figuras extremas, como Manini Ríos.
Por lo mismo, el nuevo presidente debe ser tan uruguayo como sea posible: mantener a su alianza unida, resolver las demandas sociales en diálogo con sus opositores y mantener a raya a los primeros visos de extrema derecha. En juego no sólo está su gobierno, está el Uruguay que ni los uruguayos ni los latinoamericanos queremos perder, nuestro modelo de cómo vivir sin polarización.

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No perdamos a este Uruguay

El país sudamericano tiene una historia política de conciliación y transiciones tersas. Pero el nuevo presidente tendrá desafíos que ponen en riesgo la célebre tradición uruguaya de la moderación.

Por Sylvia Colombo
Nota publicada en 
New York Times.

Montevideo - El Uruguay no es un país de extremos. Es una condición inusual en Latinoamérica, una región con múltiples crisis políticas y sociales y tentaciones autoritarias. En marzo, cuando asume el nuevo presidente, resguardar esa tradición de moderación y diálogo debe ser su mayor promesa.
Poco antes de que ganara Luis Lacalle Pou en una competida segunda vuelta, banderas de distintos colores y afiliaciones ondeaban en la rambla en Montevideo. En medio, con una bandera blanca, un joven gritaba: “No perdamos este país”. Esa imagen de optimismo, en el que políticos y ciudadanos han hecho un pacto de conciliación y avances progresistas sin importar el bando, nos llena de entusiasmo al resto de América Latina.
Soy una periodista brasileña que he cubierto Sudamérica por veinte años y en los últimos meses he reporteado, desde Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina, tensiones sociales en ebullición y conflictos políticos. Por eso, esa excepcionalidad uruguaya es tan esperanzadora. Lacalle Pou deberá escuchar durante su gobierno a la voz anónima del joven que pide no perder esa histórica falta de polarización.
Es justo eso lo que ha hecho que el país tenga una transición ejemplar de un gobierno de centroizquierda a uno de centroderecha.
Uruguay había estado gobernado durante casi quince años por una centroizquierda moderada, responsable en sus medidas económicas y que nunca se alineó a los proyectos izquierdistas más radicales de América Latina -como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua-. En marzo, el país será dirigido por una centroderecha que no necesita hacer grandes reformas ni tiene arrebatos autoritarios -como en Brasil o Guatemala-.
Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, ganó en el balotaje del 24 de noviembre. Pese a la poca diferencia de votos entre el candidato de izquierda y de derecha, ninguna fuerza política puso en duda el resultado. Y es que el extremismo aún no tiene espacio en Uruguay porque hay algo crucial que el resto de la región debe tomar como modelo: entre las diferentes fuerzas políticas hay un consenso sobre el valor de la democracia.
Los líderes del Frente Amplio ya habían hablado de la importancia de la alternancia en la democracia. Y, durante la campaña, Lacalle Pou prometió no dar marcha atrás en los avances de los derechos civiles -la ley del aborto legal, la regulación de la marihuana, matrimonio igualitario- que se han logrado con la alianza de sus opositores y el domingo de la votación, cuando se dio a conocer que el escrutinio final de votos tendría que demorar unos días porque la diferencia era minúscula, imperó el orden: nadie disputó el resultado.
La historia de Uruguay es proclive a las transiciones suaves. Con la excepción de su traumática dictadura de 1973 a 1985, este es un país vinculado al respeto de la ley, la institucionalidad y un compromiso con la democracia más allá de las ideologías.
Por eso es difícil etiquetar de manera tajante a los partidos que conforman su ecosistema político de izquierdistas o derechistas. Cuando se fundó en el siglo XIX, el Partido Colorado fue un partido progresista; aunque estuvieron vinculados al conservadurismo, hoy es un partido urbano y liberal. Por su lado, el Nacional nació para defender los intereses del mundo rural y se consolidó como el ala más conservadora de la política uruguaya, pero siempre ha mantenido una corriente más progresista en su interior. Fue en el Nacional, donde el expresidente José Mujica empezó a militar.
En ese sentido, el presidente electo, Lacalle Pou, es un político al clásico estilo uruguayo: pertenece a un clan influyente -su padre, Luis Alberto Lacalle, fue presidente de 1990 a 1995-, pertenece a un partido tradicional y durante la campaña siempre actuó conforme a la cultura política local: respeto  a la ley, al protocolo y a sus adversarios.
Sin embargo, esta placidez en la transición no significa que Lacalle Pou tendrá una gobernabilidad tersa y fácil. Para asegurar su victoria, se alió a otros cuatro partidos con los que tendrá que negociar y hacer concesiones. Para mantener una mayoría en el parlamento tendrá que conservar esa alianza firme hasta el final.
Pero ese no es su principal problema. Uno de los partidos con los que negoció, Cabildo Abierto, ha estado amenazando la tradición uruguaya de moderación que su gobierno debe defender a toda costa. El líder de este partido es el general retirado Guido Manini Ríos, quien ha empleado un discurso parecido al del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro: habla en términos nacionalistas -considera que los refugiados venezolanos reciben demasiados “beneficios”- y ha prometido reforzar la seguridad y proteger los valores de la familia, por lo que está en contra de la legalización del aborto y la marihuana. El día de la segunda vuelta, Ríos publicó un video en el que instaba a los militares a no votar por la izquierda. Lacalle Pou intentó reparar el daño y aclaró que no estaba de acuerdo con el mensaje.
Así que, en medio de un continente que tiende cada vez más a la polarización, el nuevo presidente tendrá que mantener la armonía de los cinco partidos de su coalición, mantener una buena relación con la oposición y moderar las posturas extremistas de Manini Ríos.
No será del todo sencillo: Lacalle Pou, quien hasta ahora no había ocupado ningún cargo administrativo importante, se enfrenta a un problema de seguridad que ha inquietado a los votantes. Ha habido un aumento considerable en robos y secuestros y la violencia alcanzó un récord histórico: 11,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y también su gobierno se encontrará con una economía estancada -se prevé que en 2020 el país crecerá sólo un 1,5 por ciento o menos, un porcentaje que contrasta con el promedio anual de crecimiento del 4 por ciento en los últimos quince años-.
En una región convulsa, donde las fórmulas neoliberales están contra las cuerdas y han sido confrontadas en las calles, Lacalle Pou debe ser cuidadoso. A su favor está la historia del Uruguay: coaliciones coherentes y oposiciones respetuosas. Contra él, tiene la inexperiencia y el surgimiento de nuevas figuras extremas, como Manini Ríos.
Por lo mismo, el nuevo presidente debe ser tan uruguayo como sea posible: mantener a su alianza unida, resolver las demandas sociales en diálogo con sus opositores y mantener a raya a los primeros visos de extrema derecha. En juego no sólo está su gobierno, está el Uruguay que ni los uruguayos ni los latinoamericanos queremos perder, nuestro modelo de cómo vivir sin polarización.