El PRO fijó su protocolo para casos de violencia política contra las mujeres

La Ley Micaela, sancionada en diciembre pasado, establece el desarrollo del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos. Una disposición que abarca a los tres poderes del Estado.

En este contexto, casi de inmediato comenzó a diseñarse en el PRO un protocolo partidario para atender casos de violencia política contra las mujeres, lo cual finalmente ayer se plasmó e incorporó de manera institucional. Así, el partido se convirtió en el primero en contar con un instrumento de este tipo para atender la problemática.

Durante la elaboración de la iniciativa estuvo involucrada desde un primer momento la diputada nacional por Corrientes, Sofía Brambilla. “Buscamos predicar con el ejemplo, buscamos atender la problemática como partido y sancionar -en caso de que sea necesario-, independientemente de si se trata de un afiliado, de una autoridad partidaria o un funcionario”, indicó en diálogo telefónico con El Litoral la legisladora, quien es además titular de PRO Mujeres.

La propuesta de Brambilla fue aprobada ayer por el Consejo Directivo Nacional de PRO. Se trata de un protocolo de actuación “para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra las mujeres, que se aplicará a los miembros de todos los órganos partidarios, funcionarios y legisladores y que prevé la expulsión de la fuerza de toda persona que incurra en ese tipo de actos”, explicaron desde el partido.

La iniciativa, que ya se incorporó a la Carta Orgánica partidaria, comienza a regir a nivel nacional en las filas del partido del presidente Mauricio Macri. “Este es el primer partido en hacerlo, pero inevitablemente llegará a todas las fuerzas políticas del país. Y para ello, programamos elaborar un proyecto en este sentido para presentarlo en el Congreso”, anticipó Brambilla a El Litoral.

En la charla recordó cómo surgió la propuesta: “Tras la aprobación de la Ley Micaela, que rige para todos los poderes estatales, y como referentes de la mujer PRO, nos pusimos a trabajar en este sentido con Camila Crescimbeni, presidenta de los Jóvenes PRO, y Fabiana Tuñez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inam). Analizamos la problemática que se da en todos los ámbitos sociales y también en la política”.

De esa manera, “comenzamos a elaborar un protocolo para atender situaciones de este tipo. En el país no había antecedentes y sí encontramos casos en Bolivia y México. A partir de allí redactamos un documento adaptado al PRO, que ahora es el primero en Argentina en contar con una herramienta para atender esta problemática”, indicó la diputada correntina.

Al respecto explicó que “la denunciante, sea o no afiliada del partido, puede acudir al tribunal de disciplina en casos de violencia de género en la política. Así, se abre un proceso en el partido en que se recolectan pruebas y declaraciones, para finalmente resolver una sanción. La misma puede ir de una amonestación o suspensión temporaria, hasta la expulsión”. Asimismo, aclaró que “esta es una herramienta de prevención y para ello se acordó realizar capacitaciones en todo el país, para que cada distrito esté al tanto de los procedimientos y con su adhesión pueda atender los casos de violencia de género dentro de la política. Estimo que con las capacitaciones llegaremos este año a Corrientes”, indicó.

“Por ahora -agregó-, la denunciante debe recurrir a órganos partidarios nacionales hasta tanto los distritos se sumen”.

Disposiciones

El protocolo persigue “como fin supremo, la eliminación de toda discriminación de las mujeres basada en su género y propicia el pleno ejercicio de sus derechos políticos”, dice el texto de la iniciativa, que fue expuesta por la diputada Brambilla durante la asamblea partidaria celebrada en la tarde de ayer en Parque Norte.

Especifica que se entiende por violencia política “cualquier conducta que, por acción u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres” y que tenga por objeto o resultado “menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

Además, dispone un concepto amplio al establecer que la violencia contra las mujeres en la vida política “puede incluir, entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica”.

El documento precisa que serán alcanzados por el protocolo “los miembros de los órganos partidarios del orden nacional, sea en órgano ejecutivo, resolutivo, de control o asesoramiento y capacitación y los ministros/as y funcionarios/as públicos nacionales, diputados/as y senadores/as nacionales que se encuentren afiliados al PRO”. “En relación a las personas condenadas por delitos con implicancias de violencia hacia las mujeres, será causa suficiente para que el Tribunal de Disciplina proceda a la expulsión del PRO de todos aquellos miembros alcanzados por el presente protocolo”, indican.

El procedimiento de denuncia se realizará conforme a lo regulado en la carta orgánica nacional y se dará intervención a la Secretaría del Pro Mujeres “a los efectos de brindar contención, acompañamiento y asesoramiento a la mujer o mujeres que denuncian”.