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Juez catalogó como violencia de género la falta de pago de la cuota alimentaria

Después de cuatro meses sin percibir la suma de dinero acordada para la manutención del niño, una mujer demandó a su ex pareja. El juez, además del cambio de carátula, dispuso un embargo preventivo equivalente al 20% del sueldo del padre. 
 

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 Un novedoso hecho se registró en Itá Ibaté, donde  el juez de Paz catalogó como violencia de género el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de un hombre para con su ex pareja que tiene a su cargo el hijo que poseen en común. Pero el magistrado no sólo resolvió el cambio de carátula sino que también dispuso que parte del sueldo del hombre sea embargado y destinado a cubrir mensualmente el monto que había sido previamente acordado.
Según informaron desde la Justicia provincial, el caso se inició ante el Juzgado de Paz de esa localidad como un caso por “alimentos”. Las partes habían llegado a un acuerdo, por lo que posteriormente procedieron a homologar el mismo. Sin embargo, luego de que transcurrieran cuatro meses sin que el padre del niño abonara a la madre la cuota alimentaria, ésta se presentó a los estrados de la citada dependencia para realizar el correspondiente reclamo. De esta manera el titular de ese juzgado, Eduardo Modenutti, determinó que “la falta reiterada por parte del alimentante admitía la adopción de medidas como el embargo preventivo”. En este sentido añadió que ese incumplimiento configuraba además de la violación de un derecho elemental básico de los niños, niñas y adolescentes, “un claro caso de violencia de género y familiar, por ejercicio de la violencia económica”.

Violencia económica 
Precisamente, la novedad del caso reside en el cambio de carátula, ya que Modenutti consideró la falta de pago de la cuota alimentaria como “violencia de género”. 
En ese sentido, el titular del Juzgado de Paz de Itá Ibaté fundamentó al respecto que “la violencia económica entendida como la serie de mecanismos de control y manejo -y que en este caso consistió en no enviar recursos para la manutención- es una de las formas más tremendas de violencia que muestran las relaciones de poder que se establecen entre mujeres y hombres, porque queda en manos de estos últimos un poder acompañado de la sumisión o subordinación de las mujeres”.
A partir del cambio de carátula, acotó que “el padre deberá contar con un abogado para afrontar las instancias judiciales, ya que la causa será remitida al Juzgado de Familia de la ciudad de Corrientes”. 
“De por sí, el incumplimiento alimentario en sus distintas variables (total, parcial, tardío, etc.) constituye un modo particularmente insidioso de violencia de género en la familia, porque ocasiona un deterioro de la situación socioeconómica de la mujer”, destacó Modenutti. 
Tras lo cual especificó que también resolvió que, ahora, en carácter de alimentos provisorios, le otorgó a la madre -en beneficio del niño- una suma equivalente al 20% de los haberes mensuales que percibe el padre, quien es personal retirado de Prefectura Naval Argentina. Este monto será descontado por esa institución y “depositado del 1 al 10 de cada mes en una cuenta judicial para que la cobre la madre del menor”, especificaron desde la Justicia.

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Juez catalogó como violencia de género la falta de pago de la cuota alimentaria

Después de cuatro meses sin percibir la suma de dinero acordada para la manutención del niño, una mujer demandó a su ex pareja. El juez, además del cambio de carátula, dispuso un embargo preventivo equivalente al 20% del sueldo del padre. 
 

 Un novedoso hecho se registró en Itá Ibaté, donde  el juez de Paz catalogó como violencia de género el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de un hombre para con su ex pareja que tiene a su cargo el hijo que poseen en común. Pero el magistrado no sólo resolvió el cambio de carátula sino que también dispuso que parte del sueldo del hombre sea embargado y destinado a cubrir mensualmente el monto que había sido previamente acordado.
Según informaron desde la Justicia provincial, el caso se inició ante el Juzgado de Paz de esa localidad como un caso por “alimentos”. Las partes habían llegado a un acuerdo, por lo que posteriormente procedieron a homologar el mismo. Sin embargo, luego de que transcurrieran cuatro meses sin que el padre del niño abonara a la madre la cuota alimentaria, ésta se presentó a los estrados de la citada dependencia para realizar el correspondiente reclamo. De esta manera el titular de ese juzgado, Eduardo Modenutti, determinó que “la falta reiterada por parte del alimentante admitía la adopción de medidas como el embargo preventivo”. En este sentido añadió que ese incumplimiento configuraba además de la violación de un derecho elemental básico de los niños, niñas y adolescentes, “un claro caso de violencia de género y familiar, por ejercicio de la violencia económica”.

Violencia económica 
Precisamente, la novedad del caso reside en el cambio de carátula, ya que Modenutti consideró la falta de pago de la cuota alimentaria como “violencia de género”. 
En ese sentido, el titular del Juzgado de Paz de Itá Ibaté fundamentó al respecto que “la violencia económica entendida como la serie de mecanismos de control y manejo -y que en este caso consistió en no enviar recursos para la manutención- es una de las formas más tremendas de violencia que muestran las relaciones de poder que se establecen entre mujeres y hombres, porque queda en manos de estos últimos un poder acompañado de la sumisión o subordinación de las mujeres”.
A partir del cambio de carátula, acotó que “el padre deberá contar con un abogado para afrontar las instancias judiciales, ya que la causa será remitida al Juzgado de Familia de la ciudad de Corrientes”. 
“De por sí, el incumplimiento alimentario en sus distintas variables (total, parcial, tardío, etc.) constituye un modo particularmente insidioso de violencia de género en la familia, porque ocasiona un deterioro de la situación socioeconómica de la mujer”, destacó Modenutti. 
Tras lo cual especificó que también resolvió que, ahora, en carácter de alimentos provisorios, le otorgó a la madre -en beneficio del niño- una suma equivalente al 20% de los haberes mensuales que percibe el padre, quien es personal retirado de Prefectura Naval Argentina. Este monto será descontado por esa institución y “depositado del 1 al 10 de cada mes en una cuenta judicial para que la cobre la madre del menor”, especificaron desde la Justicia.