Optimismo excesivo del Gobierno ante el FMI

El Fondo Monetario acaba de afirmar, por boca de Alejandro Werner, el director del FMI para el Hemisferio Occidental, que las primeras medidas de Alberto Fernández van en una “dirección positiva y cuidando que las cuentas fiscales no se vean afectadas”. Música para los oídos del Gobierno, para los de los acreedores privados y para los de quienes sostienen que a la Argentina le urge renegociar y achicar el peso de su deuda. 

Todo muy estimulante, solo que Werner también hizo varias aclaraciones del tipo no nos apresuremos demasiado. Explica Alcadio Oña en Clarín.

Una de ellas fue que “todavía no hay un plan más detallado y de mediano plazo sobre la mesa”, lo cual es igual a decir que falta la pieza central en cualquier acuerdo. La siguiente es que aún no existe una fecha definida para “retomar las conversaciones”, aunque el primer round, quizás en modo protocolar, arrancará esta semana con Sergio Chodos, el director argentino del Cono Sur ante el Fondo.

Se sabe de sobra que entre los planteos del FMI ha estado siempre presente el ajuste fiscal, aplicándolo, incluso, mediante un aumento de los impuestos. Con la misma pertinacia, también figuró la necesidad de atacar el déficit del sistema previsional, allí donde eliminar la indexación de jubilaciones y de planes sociales resulta crucial para avanzar hacia el equilibrio de las cuentas del Estado.

Desde el Ministerio de Economía comentan que Martín Guzmán está en contacto permanente con los funcionarios del organismo, a través de los más variados medios de comunicación. Y si en los contactos existió un anticipo de la Ley de Emergencia, nunca lo admitirán.

Menos dimes y diretes hay en aquel comentario de Werner sobre la ausencia de un plan económico integral, más detallado y de mediano plazo.

Puesto bajo los términos que interesan al Fondo y a los acreedores, eso significa fijar por escrito no sólo la voluntad de pago del Gobierno sino, sobre todo, precisar con qué instrumentos va a concretar en los hechos esa voluntad de pago.

Ahí ingresamos de lleno a la pantanosa zona del superávit fiscal que debe liberar recursos para afrontar los vencimientos. Se trata del ajuste completo, donde por “cuidar que las cuentas fiscales no se vean afectadas” debiera entenderse fortalecer un costado clave del programa.

Según un informe de la consultora ACM, el saque impositivo y los ahorros derivados de la suspensión-reforma de la movilidad jubilatoria juntos le dejarían al Gobierno, este año, recursos adicionales equivalentes al 3% del PBI. Alrededor de USD 12.900 millones.

Así, concluye ACM, la Argentina estaría a las puertas de alcanzar el equilibrio primario, o sea, el que excluye el pago de los intereses. Ahora, con todo incluido, ya hablamos de otra cosa: de sumar intereses que, durante 2019, habrían representado una carga que algunos analistas han cifrado en nada menos que USD 14.000 millones.

Justamente por eso luce imprescindible que, además de estirar los plazos de pago de la deuda, el Gobierno logre reducir las tasas de los bonos vigentes: “de los actuales 6 puntos o 6 puntos y medio a 4 o 5”, dicen especialistas.

Falta saber, luego, si en las negociaciones que vienen el FMI acepta plantarse en el equilibrio primario o si, tal cual establecía el acuerdo con el macrismo, va por un superávit del 1% del PBI. Serían entonces unos 4.100 millones de dólares.

Y como las decisiones del Fondo no salen únicamente de lo que sus técnicos opinen, ni siquiera lo que opine su directora, Kristalina Georgieva, está por verse qué plantearán, llegado el punto, quienes verdaderamente mandan allí. Para empezar, qué dirá Estados Unidos y su a menudo arbitrario presidente Donald Trump, lo cual podría poner sobre la mesa el papel del Gobierno argentino en la región y, de seguido, el modo en que su política exterior encaja dentro de los intereses de EE.UU.

Alberto Fernández ha anticipado que su objetivo es tener todo cerrado hacia fines de marzo. Se explica: a partir de abril caen los vencimientos más fuertes y, entre ellos, uno de USD 5.752 millones en mayo. Pero un problema ha cruzado, ya, el optimismo presidencial: los USD 571 millones que Buenos Aires tiene que pagar en estos días. Suficiente: el riesgo de default en la principal provincia argentina ensombrece la renegociación global.