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La situación fiscal bajo la lupa

La publicación de las cuentas públicas nacionales al cierre del ejercicio 2019 trajo la evidencia de que no hay lugar para demorar un programa de reformas de fondo si se quiere ya no sólo resolver un default, sino lograr un país gobernable. Se llega inevitablemente a esta conclusión analizando esos datos con algún cuidado, ya que subestiman la gravedad de los desequilibrios. En efecto, el déficit primario que se informa en el 0,44% del producto bruto interno, en rigor, fue mayor. Al utilizar la contabilidad de caja y no por lo devengado, el aumento de la deuda corriente de corto plazo no queda registrado. Eso aliviana la cifra de egresos de 2019 e incrementará la de 2020. Por el lado de los ingresos se contó con la ventaja del adelanto y pago de derechos de las exportaciones agrícolas, ante la presunción de que serían incrementadas las retenciones.
Otra política no repetible fue el desfase entre la evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones versus el índice de precios.
Contra una inflación año tras año del 50%, la partida de remuneraciones tuvo un aumento nominal del 35% y la de jubilaciones, del 44%. En este último caso, la fórmula legal de ajuste dio ese resultado al ser creciente la inflación.
Por su lado, los ingresos corrientes aumentaron el 51%. Si el nivel real de salarios y jubilaciones se hubiera mantenido, el gasto corriente del 2019 mostraría un adicional de 1,4 puntos del PBI.
Otra de las correcciones precarias agregadas a la débil situación fiscal ha sido el recorte de la inversión pública. Contra lo que había sido una política dinamizante en los primeros años de la gestión de Macri, en 2019 la inversión pública se retrajo en un 25% a moneda constante.
Hubo aumentos de gastos y pérdidas de recursos que respondieron a objetivos explícitos. Fue el caso de la supresión temporaria del IVA en la canasta básica, aunque con el nuevo gobierno se agregó el impuesto a las transacciones de divisas.
Si se introducen las correcciones que tienen que ver con la llamada “ingeniería contable” y otras, según señala el editorial del diario La Nación, el déficit primario del 2019 hubiera alcanzado el 1,6% del PBI. Si además se hubieran mantenido los niveles reales de salarios y jubilaciones, llegaría a un 3%. El verdadero logro fiscal operativo de la gestión de Mauricio Macri por comparación del 2015 con 2019, ambos corregidos, fue una reducción del déficit primario desde 4,5% del PBI hasta el 3%. Los recortes genuinos de gasto se lograron mediante una disminución del orden del 8% en la cantidad de personal de la administración nacional y una reducción de subsidios del orden del 1% del PBI. 
Esto podría calificarse como un buen esfuerzo si no fuera porque la situación heredada en diciembre del 2015 era una verdadera bomba de tiempo y requería algo más que un buen esfuerzo. Se necesitaban reformas mucho más drásticas para desactivar esa bomba, pero, temiendo reacciones sociales, se eligió el camino del gradualismo y el endeudamiento. Los mercados encontraron el límite y se cerraron en abril del 2018, cuando debió recurrirse al FMI para evitar el default. Justamente, el aumento de la deuda ha determinado un fuerte crecimiento del pago de intereses.
El déficit financiero, incluyendo el desequilibrio primario más los intereses, que fue del 6,8% del PBI en 2015, prácticamente no se redujo en 2019. El default está nuevamente ante nuestras puertas y el episodio inicial lo produce la provincia de Buenos Aires.
El gobierno de Alberto Fernández debe encarar las reformas necesarias para restablecer un sólido equilibrio fiscal, reduciendo el gasto público y no intentando aumentar impuestos desde los niveles actuales, ya impagables y recesivos.
La simplificación de los organigramas de gobierno y la transferencia de empleo público al sector privado exige crear condiciones para la inversión. Entre ellas, la reforma laboral, la reducción de la presión y complejidad tributarias, la independencia judicial y un saneamiento institucional que incluya la rápida sentencia por los juicios de corrupción, aunque las condenas recaigan sobre altos funcionarios o empresarios. Deben revisarse los subsidios y los planes sociales de forma de optimizar el destino realmente imprescindible y sin alimentar grupos piqueteros y caudillismo. El Gobierno debe ser consciente de que, si no encara a fondo estos caminos, va a un nuevo fracaso económico, pero también político y de alto daño para el futuro de la Argentina.

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La situación fiscal bajo la lupa

La publicación de las cuentas públicas nacionales al cierre del ejercicio 2019 trajo la evidencia de que no hay lugar para demorar un programa de reformas de fondo si se quiere ya no sólo resolver un default, sino lograr un país gobernable. Se llega inevitablemente a esta conclusión analizando esos datos con algún cuidado, ya que subestiman la gravedad de los desequilibrios. En efecto, el déficit primario que se informa en el 0,44% del producto bruto interno, en rigor, fue mayor. Al utilizar la contabilidad de caja y no por lo devengado, el aumento de la deuda corriente de corto plazo no queda registrado. Eso aliviana la cifra de egresos de 2019 e incrementará la de 2020. Por el lado de los ingresos se contó con la ventaja del adelanto y pago de derechos de las exportaciones agrícolas, ante la presunción de que serían incrementadas las retenciones.
Otra política no repetible fue el desfase entre la evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones versus el índice de precios.
Contra una inflación año tras año del 50%, la partida de remuneraciones tuvo un aumento nominal del 35% y la de jubilaciones, del 44%. En este último caso, la fórmula legal de ajuste dio ese resultado al ser creciente la inflación.
Por su lado, los ingresos corrientes aumentaron el 51%. Si el nivel real de salarios y jubilaciones se hubiera mantenido, el gasto corriente del 2019 mostraría un adicional de 1,4 puntos del PBI.
Otra de las correcciones precarias agregadas a la débil situación fiscal ha sido el recorte de la inversión pública. Contra lo que había sido una política dinamizante en los primeros años de la gestión de Macri, en 2019 la inversión pública se retrajo en un 25% a moneda constante.
Hubo aumentos de gastos y pérdidas de recursos que respondieron a objetivos explícitos. Fue el caso de la supresión temporaria del IVA en la canasta básica, aunque con el nuevo gobierno se agregó el impuesto a las transacciones de divisas.
Si se introducen las correcciones que tienen que ver con la llamada “ingeniería contable” y otras, según señala el editorial del diario La Nación, el déficit primario del 2019 hubiera alcanzado el 1,6% del PBI. Si además se hubieran mantenido los niveles reales de salarios y jubilaciones, llegaría a un 3%. El verdadero logro fiscal operativo de la gestión de Mauricio Macri por comparación del 2015 con 2019, ambos corregidos, fue una reducción del déficit primario desde 4,5% del PBI hasta el 3%. Los recortes genuinos de gasto se lograron mediante una disminución del orden del 8% en la cantidad de personal de la administración nacional y una reducción de subsidios del orden del 1% del PBI. 
Esto podría calificarse como un buen esfuerzo si no fuera porque la situación heredada en diciembre del 2015 era una verdadera bomba de tiempo y requería algo más que un buen esfuerzo. Se necesitaban reformas mucho más drásticas para desactivar esa bomba, pero, temiendo reacciones sociales, se eligió el camino del gradualismo y el endeudamiento. Los mercados encontraron el límite y se cerraron en abril del 2018, cuando debió recurrirse al FMI para evitar el default. Justamente, el aumento de la deuda ha determinado un fuerte crecimiento del pago de intereses.
El déficit financiero, incluyendo el desequilibrio primario más los intereses, que fue del 6,8% del PBI en 2015, prácticamente no se redujo en 2019. El default está nuevamente ante nuestras puertas y el episodio inicial lo produce la provincia de Buenos Aires.
El gobierno de Alberto Fernández debe encarar las reformas necesarias para restablecer un sólido equilibrio fiscal, reduciendo el gasto público y no intentando aumentar impuestos desde los niveles actuales, ya impagables y recesivos.
La simplificación de los organigramas de gobierno y la transferencia de empleo público al sector privado exige crear condiciones para la inversión. Entre ellas, la reforma laboral, la reducción de la presión y complejidad tributarias, la independencia judicial y un saneamiento institucional que incluya la rápida sentencia por los juicios de corrupción, aunque las condenas recaigan sobre altos funcionarios o empresarios. Deben revisarse los subsidios y los planes sociales de forma de optimizar el destino realmente imprescindible y sin alimentar grupos piqueteros y caudillismo. El Gobierno debe ser consciente de que, si no encara a fondo estos caminos, va a un nuevo fracaso económico, pero también político y de alto daño para el futuro de la Argentina.