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/Ellitoral.com.ar/ Campo

El ruralismo con opiniones dispares ante la expropiación de Vicentín

Las entidades de la Mesa de Enlace y sus referentes tuvieron diferentes opiniones sobre la intención del Gobierno de intervenir y luego expropiar la empresa cerealera. 

El anuncio del lunes por parte del presidente Alberto Fernández para que el Gobierno nacional avance con la intervención y una posterior expropiación de la firma Vicentín, generó opiniones dispersas en el campo. Casi todas las entidades del campo manifestaron su preocupación por la iniciativa, aunque algunos sectores del campo se mostraron de acuerdo con la medida.

El lunes el mismo presidente Fernández, junto al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, anunciaron la intervención de la empresa Vicentín, actualmente en convocatoria de acreedores y con una millonaria deuda que incluye a más de 2.600 acreedores, entre bancos, proveedores y productores a quienes les compraron granos en campañas anteriores.

Consultados sobre la iniciativa, desde el sector rural sus principales dirigentes mostraron reacciones dispares. Mientras desde Sociedad Rural (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestaron su preocupación por la intervención estatal en la empresa santafesina, Federación Agraria (FAA) y Coninagro se mostraron más apacibles.

“La Sociedad Rural Argentina ve con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU, así como eventual expropiación a través del proyecto de ley que se enviará al Congreso”, señaló la entidad en un comunicado, horas después del anuncio presidencial. En este aspecto, recordaron que “la historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar”.

Por su parte, CRA emitió un comunicado ayer, en el cual cuestionó algunos puntos del anuncio: “Como resulta casi habitual, estos anuncios cargados de efusividades políticas, dejan muy poca información real, por ejemplo: ¿El Estado Nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal, lo hará, por cuándo, cómo y por qué monto?”

Además, en otro párrafo del comunicado señalaron que “las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes”. Y sostuvieron que “la expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación porque vemos que hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas”.

Sin comunicados oficiales, las otras dos entidades que integran la Mesa de Enlace fueron algo más “amigables” con la iniciativa del Gobierno. Carlos Iannizzoto, presidente de Coninagro, expresó que “es clave sostener las fuentes de empleo, mantener la cadena de pagos, asegurar que el productor esté a salvo, en particular el tambero de esa zona”. 

Para el dirigente mendocino, esta situación es una oportunidad para el movimiento cooperativo. “El cooperativismo, con su territorialidad y diversidad de economías productivas, está a preparado para fortalecer vínculos con trabajadores tamberos, apoyar al sector lácteo, junto a diferentes actores productivos”, mencionó.

Por su parte, Carlos Achetoni, de Federación Agraria Argentina, le dijo a Clarín: "Experiencias que tenemos en empresas públicas-privadas estatizadas no han sido de las mejores. Y por eso tenemos resquemores que vayan a ser viables. Debemos conocer el pliego del proyecto, en qué consiste y en qué manera se va desenvolver en el futuro”.

Otra fuente consultada fue la de los trabajadores rurales. En este caso, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Ramón Ayala, sostuvo que manifiesta su “total apoyo” a la decisión, porque “de esta forma se garantiza la continuidad laboral de los trabajadores que veían peligrar su fuente de trabajo”. Además, para la Uatre, “los productores se verán beneficiados con esta medida que asegura el funcionamiento de esta estratégica empresa en un amplio sector de la economía”.

 

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