Ataque a la libertad de prensa

La virulencia de los ataques contra periodistas por parte del núcleo gobernante que rodea a la vicepresidenta de la Nación ha motivado la justa reacción de las entidades más representativas de la prensa argentina. Cada una con sus propias argumentaciones, la asociación nacional de diarios y revistas conocida popularmente como Adepa, la Academia Nacional de Periodismo y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), entidad que reúne a centenares de periodistas independientes, han repudiado ese accionar. Como señal de la gravedad extrema del caso, debe observarse que representantes de otras instituciones y personalidades de diversos órdenes de la actividad nacional se han manifestado con preocupación sobre la amenaza instalada respecto del ejercicio legítimo de la libertad de prensa en la Argentina.

Solo han quedado en la vereda de enfrente los elementos más enconados con el periodismo de la facción que responde a Cristina Kirchner y los corifeos que le resultan serviciales en medios del Estado y en otros que, aun siendo en principio de naturaleza privada, han estado vinculados, por negocios o por lo que fuere, con la familia gobernante entre 2003 y 2015.

La situación en desarrollo es una recreación de otros capítulos del peronismo en el poder, sobre todo de aquel que gobernó en el período que va de 1946 a 1955, y de su encarnación por los Kirchner.

La constante, en siete décadas de política nacional, ha sido la capacidad con la cual el peronismo y sus acólitos, con sus distintos ropajes -algunas veces de derecha y otras de izquierda-, han organizado grupos vociferantes dispuestos a atacar en toda circunstancia a periodistas profesionales y a personalidades públicas que disintieran de la gestión oficial. Todavía se recuerdan las despiadadas semblanzas contra obispos argentinos que se publicaban día tras día, en medio de la crisis con la Iglesia en los años cincuenta, en uno de los periódicos de la maquinaria propagandística del régimen peronista. Con no menor saña que contra los obispos de una Iglesia a la que el fanatismo político quemó templos, en 1954, los cañones de la prensa oficialista se han dirigido ahora de forma particular contra la figura de Luis Majul.

Se utilizan para esta tarea sucia señales televisivas, espacios radiales y las redes sociales, tan activas en unos casos bajo los impulsos desatados por el anonimato para agraviar. O con la insidia, algo más sistematizada y solapada en las diatribas, de blogs sin otro interés informativo mayor que el de ocuparse de manera crítica de lo que la prensa independiente y responsable tiene para decir todos los días. He ahí el papel del seudoperiodismo, fenómeno parasitario que crece como el moho, valiéndose siempre del vigoroso sustento de un muro.

La orden de largada en esta lamentable cruzada la dio la vicepresidenta de la Nación. Fue cuando acusó a Majul, a Jorge Lanata y a otros reconocidos colegas de formar parte de una red de inteligencia cuyas actividades están siendo investigadas. Como se sabe, se hallan denunciados en esa causa ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Se habría tratado de una red que procuró espiar no solo a la ex presidenta y a políticos y empresarios allegados a ella, sino también a miembros de Juntos por el Cambio y a periodistas de prestigio internacional, como Hugo Alconada Mon.

En medio de versiones de que el juez interviniente en el caso de los espías, Federico Villena, podría disponer la detención de uno o más periodistas, la Cámara Federal de La Plata apartó a este magistrado de la causa. Cuando se alega, para disponer una medida como esa, la falta de garantías de imparcialidad o la mala fe procesal, debe pensarse, con razonable lógica, que el juez desautorizado no puede menos que entrar en un proceso de reflexión sobre el futuro que le queda como magistrado judicial.

No es fácil anticiparse a decisiones de ese tenor ateniéndonos a los numerosos componentes cuestionados en el orden judicial de la Nación y de las provincias. Ahora habrá que ver el curso que confiere a las actuaciones el doctor Juan Pablo Augé, juez también de Lomas de Zamora, a quien se han derivado las actuaciones (...)

(...) Por el contrario, una ciudadanía aunada en la defensa de la libertad de prensa es una sociedad que reacciona frente al pasado, al que se resiste a volver, y se alista para que la Argentina retome el lugar que nunca debió perder entre las naciones más respetadas del planeta.