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/Ellitoral.com.ar/ Ciudad

Allanaron el departamento del supuesto organizador de la fiesta clandestina

La Policía secuestró celulares, computadoras y precintos de ingreso en el barrio Bañado Norte para probar la forma de organización del evento masivo e ilegal, interrumpido el domingo a la madrugada. Por su parte, los invitados podrían enfrentar una sanción en libertad. 

Dos domicilios fueron allanados durante la mañana de ayer, por la Dirección de Investigación de Delitos Complejos, en busca de pruebas que determinen la metodología de organización de la fiesta clandestina del sábado pasado, en el barrio Laguna Soto.  Desde el comienzo, la investigación está abocada a la identificación de los organizadores del evento.

Los dos departamentos donde ayer estuvieron los agentes policiales, en el sexto piso de la calle Guido Spano al 2442, del barrio Bañado Norte, fueron indicados como los domicilios del dueño del terreno en el que se realizó la fiesta, y de quien confeccionó los precintos de ingreso. Delitos Complejos secuestró computadoras, celulares y precintos.

La Justicia Correccional de Corrientes imputó a los 303 involucrados en este evento, entre organizadores e invitados, por la violación al artículo 205 del Código Penal, el cual tiene plena vigencia durante la cuarentena por coronavirus, al limitar el derecho a la libertad a fin de velar por la seguridad pública.

La fiscal que interviene en la causa adelantó en declaraciones a los medios que la sanción prevista para este delito prevé una pena de dos años de prisión, pero que puede ser reemplazada por trabajos sociales si no aparecen agravantes de la acusación, como el contagio de coronavirus.

Sanción

Mientras continúa la investigación en manos de la Fiscal en lo Correccional N° 2, María Andrea González, las 303 personas que participaron del evento fueron comunicadas por el Comité de Crisis del confinamiento obligatorio que deben realizar luego de que se corroboró la presencia de invitados de zonas con transmisión comunitaria de coronavirus, precisamente de la provincia del Chaco.  

“Este delito tiene una pena de dos años de prisión como máximo”, aseguró la fiscal en diálogo con Radio Sudamericana, pero aclaró que “no conlleva prisión preventiva, lo que significa que pueden transitar libremente el proceso penal”.

La causa “puede terminar con una condena cumpliendo en libertad una regla que disponga un juez, o puede terminar también con cualquier salida alternativa que dispone nuestro Código Penal, como una suspensión de juicio a prueba por ejemplo, de acuerdo a la estrategia de cada defensor”, detalló la doctora González. Asimismo negó que alguno de los involucrados haya falseado su identidad con el propósito de escapar de las consecuencias y adelantó que en caso de que la investigación arroje como resultado que hubo distribución de drogas ilegales, debería intervenir en la causa la Justicia Federal. 

(IB)

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