La última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación quedará en la historia como una de las más vergonzosas y lamentables de las que se tenga memoria. Un oficialismo enceguecido por conseguir lo necesario para imponer su agenda a cualquier costo, parte de una oposición funcional a esta peligrosa estrategia rayana en la ilegalidad y otro sector numerosísimo de opositores pugnando por ser oído, acallado en sus reclamos y hasta invisibilizado en sus bancas. Estos legisladores, mayoritariamente de Juntos por el Cambio, figuraban como ausentes aun estando en el recinto, una situación por demás bochornosa, de cuya existencia terminó dando fe un escribano labrando un acta.
El palacio donde se crean las leyes fue ayer el reino de la ilegalidad. La casa por excelencia para la práctica del diálogo, el intercambio de ideas y el debate constructivo terminó transformada en un ring donde ganaron puntos la mezquindad y el oportunismo y cayeron por nocaut el espíritu democrático y el respeto por las instituciones de la república.
El oficialismo ha decidido avanzar sin consensos, pero también con descaro y sin vergüenza, llevando las tensiones al máximo. Optó por utilizar una mayoría circunstancial para prorrogar el protocolo de sesiones remotas de Diputados, cuya vigencia había vencido el mes pasado, es decir que se decidió aprobar su continuidad en una sesión donde lo que se prorrogaba ya no regía. Y no sólo eso, también se determinó que no habrá límites ni condicionamientos sobre los temas por tratar durante la prórroga de su funcionamiento.
Los opositores alertan que en ese virtual temario por tratar podría colarse la grotesca reforma judicial, ya aprobada por el Senado y, mañana, otros temas de trascendencia. No resulta disparatada la advertencia. Es notorio el apuro que le ha impreso a ese proyecto la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, una de las mayores beneficiarias de los cambios que se proponen, adjudicataria directa del burdo cóctel de creación y reparto de cargos, cual botín de guerra, y de desplazamientos de magistrados para intentar asegurarse impunidad en las causas en las que se la investiga
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien fue blanco de cobardes amenazas, absolutamente repudiables, decidió la irregular prórroga de las sesiones virtuales. “No podemos detener el Congreso”, se justificó. ¿Cuál era el apuro después de casi un mes de no sesionar? La última sesión remota databa del 4 de agosto. ¿Acaso aprovechar la prórroga en la que precisamente no habrá límites en el tratamiento de temas para dar curso exprés a la sanción de la reforma judicial? ¿No merece un proyecto de semejante magnitud un debate profundo, un intercambio de ideas serio, una o varias convocatorias a especialistas, reuniones de expertos y muchos etcéteras indispensables frente al tratamiento de un tema tan sensible, tan delicado y tan traído de los pelos en estas circunstancias sanitarias?
El funcionamiento del debate remoto ha demostrado, además, sus imperfecciones: conexiones que no funcionan a pleno, equipos obsoletos, presencias virtuales simuladas, legisladores de un mismo bloque que no pueden interactuar para decidir y conteos de votos que dejan más dudas que certezas. ¿Ese es el Congreso que vamos a tener a partir de ahora? ¿Es esa la metodología elegida por los legisladores del oficialismo para dar respuestas a las necesidades y los reclamos de quienes los votaron para ocupar ese cargo?
Casi un centenar de legisladores de todo el país habían viajado desde sus distritos para asistir de manera presencial a la sesión. No se los consideró. Significaban una asistencia incómoda a la hora de tratar de impedir que se firmara un cheque en blanco a los numerosos funcionarios del oficialismo investigados en numerosas causas por corrupción.
“¿Cómo les da la cara para entregar lo que están entregando? Si avasallan a la Justicia y al Congreso, ¿quiénes les van a poner límites cuando vayan por nuestras libertades, por nuestra propiedad, por los poderes del Estado?”, se preguntaba ayer la diputada Paula Oliveto (Coalición Cívica-Capital) durante una entrevista radial, tras haber participado de la maratónica sesión. Y agregaba: “¿De qué les sirve sacar leyes pírricas si la sociedad no se siente representada? Están gobernando en estado de excepción”. Es de esperar que se imponga la razonabilidad, que se reponga la cordura y que esa sesión quede anulada. Resulta deleznable que en nombre de la pandemia y sus urgencias se pretenda legalizar el atropello.
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