El apellido Moyano ha estado desde hace muchos años ligado a la violencia política y gremial, a las patotas sindicales, a la falta de transparencia en distintas contrataciones, a las maniobras extorsivas, a los bloqueos de empresas y al lavado de dinero. En las últimas semanas, el protagonista de la noticia no ha sido el líder del clan, Hugo Moyano, vergonzosamente calificado por el presidente Alberto Fernández de un ejemplo de líder gremial, sino su hija Karina Moyano.
Durante un allanamiento vinculado con una causa judicial por lavado de dinero, la Justicia halló en su poder 434.000 dólares y 600.000 pesos, que ella se niega a devolver, pese a que está vigente una intimación en tal sentido tras un fallo de la Cámara Federal de la ciudad de La Plata. Karina Moyano esgrimió que ese dinero le había sido donado por un hermano y por su anterior abogado Daniel Llermanos.
La hija del veterano sindicalista no tiene documentación que respalde esos activos, y la actuación judicial se llevó a cabo como parte de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.
El caso tuvo su origen cuando el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, solicitó el allanamiento de 14 domicilios, entre ellos la vivienda de Karina Moyano, donde se encontró el dinero cuyo origen no fue aclarado.
La fiscalía solicitó que esos fondos sean respaldados con la correspondiente documentación, como las declaraciones presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para corroborar que ese dinero se encuentre blanqueado.
No es la primera vez que el apellido Moyano ha estado relacionado con este tipo de causas; de hecho, el propio líder del gremio camionero es investigado por lavado de dinero por la compra de terrenos lindantes al hotel de su sindicato en La Falda (Córdoba), que derivó en una causa por lavado de activos que inició la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac).
Del mismo modo, el juez federal de Morón, Néstor Barral, investiga a la familia Moyano por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a raíz de una denuncia anónima en la que se consignó la compra de dos propiedades de lujo en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Se investiga si la operación se llevó a cabo merced a sobrefacturaciones al Sindicato de Camioneros por parte de tres empresas vinculadas a la familia Moyano. Estas compañías son Aconra Construcciones, Iaray y Dixey, que tienen a dos hijos de la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, como directores o accionistas.
Además, la Justicia en lo Penal Económico investiga en otra causa por lavado de dinero a Hugo y a Pablo Moyano. Esta fue impulsada por la Procelac, que puso bajo la lupa la relación comercial entre un grupo de empresas que giran alrededor del líder sindical y su hijo con la empresa de correo OCA. La Justicia calculó un fraude que ronda los 4000 millones de pesos.
Como se puede observar, el caso que involucra a Karina Moyano es apenas otra punta del iceberg de toda una trama mafiosa que tiene como epicentro al líder histórico del Sindicato de Camioneros y a su familia, y al mismo tiempo desnuda, en gran parte, la metodología de enriquecimiento espurio y el manejo del poder de una casta de dirigentes gremiales atrincherados por décadas en muchas de las entidades sindicales argentinas.
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