El Fiscal General del Poder Judicial, César Sotelo, dictó este martes la Instrucción General N° 45, por medio de la cual ordena a los fiscales de toda la provincia que prioricen la persecución penal de delitos vinculados a los incendios rurales y forestales, que podrían encuadrar en aquellos cometidos contra la seguridad pública y conllevan severas sanciones para quienes sean hallados culpables de cometerlos.
Sotelo instruyó a los fiscales a procurar la pronta resolución de las causas que se inicien por incendios intencionales y a disponer de todas las medidas y recursos con que cuenta el Ministerio Público para esclarecer un delito tipificado en el artículo 186 del Código Penal.
Además, manda a promover reuniones con las fuerzas de seguridad locales e impartirles claras instrucciones –el fiscal es el director de la investigación en todas las circunscripciones judiciales, excepto en la Primera, donde aún no rige el nuevo Código Procesal Penal– para hacer más eficientes las investigaciones y garantizar la eficaz intervención del Ministerio Público.
En su directiva, el jefe del Ministerio Público advierte que existen “serios indicios” de que muchos de los incendios pudieron “ser producto del accionar negligente o intencional del hombre” y que ello amerita una respuesta ágil de parte de los fiscales, titulares de la acción penal, en este caso en resguardo de la seguridad pública.
