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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Una batalla impostergable

La totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y más de 120 magistrados se dieron cita en Rosario para avanzar en un diagnóstico preciso sobre la gravísima situación generada por el narcotráfico. Se proponen actuar de manera articulada ante la profundidad de una crisis que, evidentemente, no es una prioridad para el Gobierno, que desenfundó una grosera réplica ante tan relevante cumbre. Ni qué decir de los casos en los que la penetración, la expansión y el asentamiento de la narcocriminalidad resulta funcional a las administraciones de turno para negociar su supervivencia en el poder o recibir tajadas económicas del hecho delictivo. O ambas cosas al mismo tiempo.

Que no sea nueva la impertinencia gubernamental hacia la Corte en particular y la Justicia en general no puede menos que provocar mayor alarma en el conjunto de la ciudadanía, harta ya de enfrentamientos y extremadamente débil frente a la tan notoria como pavorosa falta de soluciones.

Nada menos que el ministro de Justicia, Martín Soria, ha dicho que la megarreunión organizada por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), en Rosario, fue “un teatro, un grotesco, una caradurez para mostrarse preocupados [los integrantes del Poder Judicial] por todo lo que pasa en Santa Fe cuando, años atrás, no movieron un solo dedo”. 

Seguramente, Soria no fue capaz de discernir que su insolente diatriba podía transformarse en un bumerán para el poder político, que poco y nada ha hecho para evitar que las cárceles, por ejemplo, se convirtieran en aguantaderos desde donde manejar el delito, además de haber contribuido al recrudecimiento de la violencia narco mediante el empobrecimiento y la fragmentación de poblaciones que viven hambreadas en las periferias, donde tanto víctimas como victimarios del narcomenudeo se juegan su subsistencia.

En lo que va del año ya se han registrado 108 asesinatos en Rosario producto de la narcocriminalidad.

Esa gravísima situación ya había sido descripta con una claridad supina por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, que reunió a expertos para analizar recientemente el problema del crimen organizado en Rosario: “El diagnóstico expone una situación crítica y de larga data, donde se constatan prácticas mafiosas que, amalgamando el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado, como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves, han alcanzado la capacidad de cooptar diversos estamentos estatales a efectos de garantizar no solo los beneficios económicos de sus negocios ilícitos, sino también la protección, estabilidad e impunidad de los beneficiarios últimos”.

“Faltan políticas de Estado”, han coincidido en afirmar los participantes de la cumbre de Rosario. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, intentó refutarlos diciendo que eso no es cierto porque en esa ciudad “hay actualmente 3449 agentes de seguridad: 708 pertenecientes a Prefectura, 146 a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 2357 a la Gendarmería y 238 a la Policía Federal”. Otro ministro con poca capacidad de discernimiento: faltan políticas de Estado, no parches.

En casi todas las ponencias, explícita o implícitamente, quedó en claro que hay un aspecto sustancial en esta ingente lucha para sostener políticas de Estado eficaces y duraderas. Demanda esto coordinación entre los poderes públicos, pues ninguno podrá lograrlo por sí solo. Y aún más: ningún esfuerzo mancomunado podrá hacerse carne en la sociedad si antes no se concientiza sobre la extrema gravedad y los tremendos efectos y ramificaciones que importa este verdadero flagelo. Que haya narcos sustituyendo al Estado en la prestación de servicios esenciales —uno de los problemas más graves de la falta de políticas en todos los niveles de poder— hace imprescindible empezar a trabajar sin más demoras sobre las causas del delito. Atacar las consecuencias, si bien es sumamente necesario, nos indica que estamos llegando tarde y mal al problema.

En una acertada síntesis, el juez Horacio Rosatti en su discurso en Rosario, sostuvo que se requiere una férrea voluntad política para enfrentar al narcotráfico. No basta con reprimir el delito, sino que urge emprender de una vez por todas la verdadera batalla cultural y educativa en pos de “la cultura del trabajo, el respeto al prójimo y la inclusión social”.

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