En su defensa de Venezuela, realizada durante una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller Santiago Cafiero sostuvo que “Colombia, Chile y la Argentina también violan los derechos humanos” y que, por lo tanto, “no nos debemos obsesionar solo con un país”. “Si lo hacemos —dijo— estamos repitiendo el encuadre de la prensa dominante para acusar a dos o tres países”.
Se trata de un razonamiento que parte de una premisa equivocada. Por un lado, porque sería como admitir que el delito es menos delito si lo cometen muchos. Por otro, porque pone en el relato de los hechos —relato que compete al periodismo independiente— la responsabilidad por los propios hechos, en este caso, las violaciones de los derechos humanos que el gobierno de Nicolás Maduro viene ejecutando de forma sostenida y con la complicidad de países como el nuestro.
En esa estrategia de defender a Venezuela, el canciller usó incluso declaraciones del presidente de Chile. Es cierto que durante su reciente visita a la Argentina Gabriel Boric afirmó que “enfocarse en las denuncias sobre Venezuela podría servir para ocultar las violaciones de los derechos humanos en otros países”. Pero Boric llegó a esa conclusión tras haber condenado expresamente las aberraciones cometidas en ese sentido por el gobierno de Maduro.
La voz de Cafiero es apenas una en el amplio coro de dirigentes oficialistas que se niegan a condenar la persistencia de los abusos contra las libertades fundamentales de los venezolanos. El presidente Alberto Fernández, quien lleva la batuta en esa orquesta, acaba de decir que hay que ayudar a Venezuela porque “los problemas se disiparon” en ese país. Resulta curioso que un mandatario que nunca admitió tales problemas ahora diga que se están suavizando. No se puede suavizar lo que no existe, debería saber el Presidente. O, acaso, se encuentra forzado a empantanarse verbalmente —una vez más— para seguir en línea con el sector más duro de su coalición, el kirchnerismo, y su cerril defensa de dictaduras como la venezolana, la nicaragüense y la cubana.
En respuesta a aquellos dichos de Fernández, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, opinó: “Afirmar que los problemas en Venezuela están mermando es un grave diagnóstico para los derechos humanos”.
También mostró idéntica preocupación Human Rights Watch, entre tantos otros organismos internacionales que vienen denunciando los atropellos del dictador venezolano y ante los cuales el gobierno de Alberto Fernández ha venido jugando a las escondidas para no tener que definirse con todas las letras frente a la anulación de la división de poderes, la persecución de dirigentes opositores, los fraudes electorales y el maltrato y la hambruna a los que somete a la población.
Cabe recordar, además, que tanto Maduro como sus principales lugartenientes están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, incluidas ejecuciones, torturas, violaciones sexuales, desapariciones y detenciones forzosas.
Desde el punto estrictamente político, Maduro representa hoy el espejo en que querrían verse reflejados muchos dirigentes del oficialismo argentino en conflicto con la Justicia y con las propias leyes, entre ellas, las electorales.
El hecho de defender un régimen como el de Maduro, coloca al país en el borde de llevar a imponer los gobiernos de su laya como ejemplos, un paso muy grande que la comunidad internacional defensora de las libertades y las leyes no debería estar nunca dispuesta a dar.
