El juez federal Daniel Rafecas le delegó al fiscal Ramiro González la investigación por la irrupción en la oficina de declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura de la Nación en la que se revisaron 33 sobres correspondientes a jueces, juezas y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
Y el fiscal, según explicaron fuentes judiciales, determinó cuáles serán las primeras medidas de prueba para intentar descubrir quién entró a la oficina que guarda 11.485 sobres con las declaraciones juradas que tienen datos sensibles de los integrantes de la justicia nacional y federal. Las declaraciones juradas de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no están en esa oficina.
Una de las medidas de prueba que ordenó González indica que las cámaras de seguridad del Consejo de la Magistratura no funcionaron durante el fin de semana largo de junio pasado. Cuando los empleados volvieron a sus oficinas el 21 de junio hallaron una puerta abierta y los escritorios revueltos.
Allí se determinó que alguien había ingresado, indica un informe de Omar Lavieri en Infobae.
El fiscal solicitó que la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realice un relevamiento en los alrededores del edificio de la calle Sarmiento 877 para determinar si existen cámaras de seguridad tanto públicas como privadas.