A la deriva

Las pugnas entre La Cámpora, dirigentes sociales, intendentes, gobernadores y funcionarios por las “cajas” oficiales, provocan repugnancia a quienes todavía respetan el Estado. Pero aquellos que siempre reivindican la intervención pública para la justa distribución de la riqueza no titubean en destruir sus pilares básicos aunque nunca olviden ensalzarlos.

En los países que son modelo de organización social exitosa, su población paga impuestos y delega el uso de la fuerza para que se utilicen ambos, la fuerza y los dineros, en procura del bien común. Nadie duda de que ese pacto fiduciario será cumplido y todos atienden sus obligaciones sin vacilar. Así como la llegada de inversiones requiere confianza en los gobiernos, también son lazos de confianza los que legitiman el accionar estatal.

En esos países existe admiración por los jueces, respeto por la policía, afecto por los maestros y consideración por las autoridades, de cualquier signo político que fueren. Desde niños aprenden que la justicia es independiente, que la policía es agente de la ley, que los maestros privilegian enseñar y que los funcionarios son servidores públicos, muy honrados de serlo.

Todos lo símbolos del Estado, creados para que el país funcione sin necesidad de un gendarme en cada esquina, se degradan cuando cajas y cargos se utilizan para favorecer a militantes, amigos y parientes. Cuando ello ocurre, el Estado, esa creación institucional para aunar esfuerzos, brindar servicios colectivos y realizar obras en común, queda desvirtuado y la sociedad civil, defraudada. El himno, el escudo y la bandera se convierten en máscaras para ocultar burdos desvíos de poder y de dineros públicos. La nobleza de Manuel Belgrano, el coraje de Martín Güemes, la valentía de Lucio V. Mansilla y el arrojo de Juana Azurduy se usan como embozo para confundir la buena fe del soberano. Ya hemos señalado aquí el impacto nefasto sobre la confianza pública que tuvieron la fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP, las vacaciones de Luana Volnovich, los enjuagues de Mayra Mendoza, los descuidos de Rosario Lufrano y las tramoyas de Victoria Donda, para no detallar los casos de corrupción que se ventilan en tribunales.

La invocación del Estado presente, con la mano derecha en el corazón, se transforma en un “ardid o engaño”, como la estafa definida en el derecho penal. 

Bajo la máscara del Estado presente, el capital social se disuelve y se dañan los lazos de confianza entre las personas. Mientras se reivindica el accionar estatal, se fomenta el más crudo individualismo y la fragmentación de la sociedad en tribus. La inflación desbocada -que financia cajas y cargos- destruye hogares, tensa relaciones laborales, enfrenta acreedores y deudores, crispa a propietarios e inquilinos, opone a camioneros con automovilistas y a la ciudad con el campo, empobrece a la clase media y hace indigentes a los pobres. El desprecio por la moneda, el instrumento fiduciario creado en 1881 como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor, destruye esa función esencial del Estado que sustenta la base material de la vida cotidiana.

Bajo la máscara del Estado presente, la Nación Argentina ha sido hecha trizas para la impunidad de la vicepresidenta, conforme a sus temerarias estrategias. Hasta la bandera mapuche flamea en escuelas públicas y el nombre del Che Guevara desplaza, en algunas otras, el de Domingo Faustino Sarmiento. Las reivindicaciones de diversos colectivos, que también existen en el resto del mundo, son utilizadas aquí como armas políticas para enfrentar grupos identitarios con el resto de la sociedad, disgregándola en tribus ajenas al celeste y blanco. En lugar de unión en la diversidad, se crean espacios de confrontación que dañan aún más el débil tejido social argentino. Ahora le ha tocado el turno a la lengua castellana, otro elemento de identidad nacional, además de herramienta esencial para la educación y el progreso personal. El consejo a los jóvenes del gobernador Axel Kicillof respecto de “hablar como se les cante”, soslayando las reglas del idioma, es otro paso más hacia la anomia colectiva. Sin confianza, sin moneda y sin lengua, ni se come, ni se cura, ni se educa.

No hay Estado que pueda funcionar si el presidente de la Nación carece de autoridad para gobernar y no asume la responsabilidad institucional que le corresponde. Cualquier cambio de equipo económico, como el que se producirá con la salida de Martín Guzmán, no arrojará buenos resultados si no cesan las disputas dentro de la coalición gobernante y si no se intenta un diálogo y un mínimo de acuerdo con la oposición.