Los piquetes y las protestas callejeras son desde hace mucho tiempo una triste parte del paisaje de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, y ahora también de varias provincias. Lamentablemente, han tendido a ser naturalizados por las autoridades, que, en lugar de resguardar el orden y garantizar el derecho constitucional a circular libremente por el territorio argentino, como el de trabajar y ejercer cualquier industria lícita, consienten semejantes atropellos contra la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Tal pasividad cómplice de quienes deben asegurar el orden público alienta hechos incluso más graves, que también coartan el derecho a trabajar de muchos, al tiempo que provocan pérdidas millonarias a empresas que, en un contexto de por sí dificultoso y cada vez más adverso, tratan de resistir y no sucumbir.
Es el caso de la compañía Lácteos Vidal, que ha venido soportando desde hace casi un mes una protesta extorsiva de manifestantes y afiliados de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), que obstaculizó las operaciones tanto en su fábrica, ubicada en la localidad de Moctezuma, en el partido bonaerense de Carlos Casares, como en su centro de distribución, situado en el barrio porteño de Villa Devoto. La empresa emplea a 46 personas y, según sus dueños, sufre como consecuencia de la acción gremial un quebranto diario equivalente a unos 33 millones de pesos, ante la imposibilidad de procesar leche.
Aunque el secretario general de la seccional del citado gremio, Gastón Moreno, negó que se tratara de un bloqueo que impidiera el ingreso de trabajadores y de camiones a la planta de producción de lácteos, trabajadores de la empresa confirmaron que sindicalistas les impedieron su ingreso a su lugar de trabajo o bien desarrollaron acciones de amedrentamiento para que no cumplieran con sus obligaciones laborales, según dijo ayer el diario La Nación.
En los últimos días, si bien la planta estuvo en funcionamiento gracias a la labor de unos pocos trabajadores, no hubo personal para las tareas de descarga de materias primas que llegaban en camiones, cuando a estos se los dejaba sortear el acceso a la planta.
Los “aprietes” como los que refirieron y sufren trabajadores de Lácteos Vidal son, lamentablemente, comunes en la Argentina, pese a tratarse de acciones propias de organizaciones mafiosas, absolutamente incompatibles con la ley y el orden público.
El derecho a la huelga o la protesta, por genuinos que sean los reclamos, encuentra su más errada expresión tanto en los cortes de calles y rutas como en los bloqueos de accesos a fábricas. Estos chocan, además, con el derecho de propiedad y la libertad de trabajar.
En 2021 se registró la cifra más elevada de piquetes de los últimos siete años, según datos de la consultora Diagnóstico Político: hubo 6658 cortes de calles en todo el país, la mayoría en la provincia de Buenos Aires.
La pasividad y la indiferencia cómplice con que las autoridades jurisdiccionales suelen asistir a estos hechos que resultan impensables en el Primer Mundo son un indicador del subdesarrollo improductivo que sufre la Argentina.
Cabe reclamar que quienes tienen a cargo la responsabilidad de poner coto a tanto despropósito lo hagan sin más demoras ni temores. Adentro de la ley, todo. Afuera, el caos.
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