Corrupción: Argentina nuevamente aplazada

Por Delia Ferreira Rubio*

Publicado en Clarin 

El Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional muestra a la Argentina estancada y nuevamente aplazada. Sobre 100 puntos posibles, Argentina repite los 38 de la edición anterior. En América Latina, comparte ese puntaje con Brasil y a nivel mundial con Marruecos y Tanzania.

Nadie puede sorprenderse por el resultado. Muchas de las herramientas para prevenir, detectar y condenar la corrupción existen en Argentina. Pero son normas que no se aplican, instituciones que no cumplen su función y sanciones que se imponen sólo en casos aislados, garantizando la impunidad para los corruptos.

En una “economía de favores”, la corrupción está a la orden del día. La política multiplica las cajas y los kioscos. Y, con la creación de cada uno de esos espacios de discrecionalidad absoluta y de paso obligado para importar, exportar, comercializar productos, obtener un contrato, acceder a un subsidio, o recibir información privilegiada, con cada uno de esos kioscos se abre una ventana para la corrupción y el abuso de poder. Abuso de poder con fines de enriquecimiento u otro beneficio para el funcionario al frente del kiosco, para la campaña de su grupo político, o “para la corona”.

No se trata sólo de favores económicos. La falta de integridad de los funcionarios es también una forma de corrupción y de violación de las normas de ética pública. El Vacunatorio VIP y el Olivos-party fueron claros ejemplos.

Una vez más: los privilegios y las ventajas. “La regla es para los demás, no para mí ni mis amigos” es el principio que orienta la conducta de algunos funcionarios. Ese principio de conducta se basa en la descabellada idea de que está bien que así sea porque “la sociedad se los debe”, como sostuvo un funcionario en el caso de las vacunas de privilegio.

En el caso argentino, la percepción de altos niveles de corrupción en el sector público -que es lo que el Índice mide- es más que una simple percepción: está basada en evidencia, en confesiones, en pruebas, en documentos, en las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil y en las investigaciones del periodismo. No se trata de “sensaciones” -como un ministro sostuvo sobre la inseguridad-, ni de una idea “auto-construida que está en la cabeza de la gente”-como adujo el presidente Fernández con respecto a la inflación. Son hechos y se repiten.

Para muestra basta un botón. El reciente informe de la Auditoría General de la Nación, -integrada por una mayoría oficialista- unánimemente señaló el sinnúmero de irregularidades detectadas en el caso de las contrataciones vinculadas al covid: sobre-precios, conflictos de interés, compra de material no aprobado, etc.

Tal es la magnitud y gravedad de esas irregularidades, que los miembros del oficialismo votaron el dictamen junto a la oposición. Y eso que este dictamen no incluye la compra de vacunas contra el covid que desde un principio y sin ninguna razón permanece bajo un manto de secreto.

El tema es qué haremos frente a las irregularidades detectadas. ¿Actuarán en forma rápida y efectiva las autoridades que deben investigar y sancionar a los responsables y obtener la reparación del año (siempre que eso fuera posible, aunque en el caso del covid hay daños irreparables)?

¿Se adoptarán medidas para que estos hechos no se repitan? ¿O sucederá como con aquel dictamen de la Auditoría que detectó las irregularidades en las concesiones ferroviarias y advirtió sobre lo que podía pasar y sucedió en la Tragedia de Once?

La impunidad en los casos de corrupción en nuestro país es un silencio que atruena. Y cuando la dilación de los casos no alcanza, vienen las presiones a los jueces y fiscales, los ataques a los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil y hasta los ataques directos a las instituciones democráticas, como el intento de juicio político a la Corte Suprema. El objetivo: que la corrupción no tenga consecuencias. La cultura Cambalache en acción.

La corrupción y el deterioro de la calidad de la democracia van de la mano, en un espiral creciente y sumamente peligroso para la vigencia del Estado de Derecho, la garantía de los derechos y libertades y, en última instancia, para la calidad de vida y el futuro de los ciudadanos. Argentina debe cambiar el rumbo.

Ojalá el compromiso con la integridad y la transparencia estuviera entre las prioridades de quienes compitan en las elecciones de este año. Gane quien gane, si realmente está dispuesto a luchar contra la corrupción debería como mínimo respetar y hacer respetar la independencia del Poder Judicial, crear una oficina anti-corrupción independiente del poder de turno y cubrir el cargo de Defensor del Pueblo. Pero nada de eso alcanzará si los funcionarios -del primero al último- no se comprometen a actuar y actúan con honestidad porque la barrera más efectiva contra la corrupción es la integridad personal.

* Presidenta de Transparencia International.