Pidieron la absolución de Soto Dávila en un fuerte alegato de defensa

Con un alegato que se extendió por cuatro horas, la defensa de Carlos Soto Dávila pidió este viernes la absolución del exjuez federal de Corrientes en el juicio que se le sigue como supuesto organizador de una asociación ilícita dedicada a la venta de resoluciones judiciales para generar alivio procesal a narcotraficantes de Itatí.

La abogada Mariana Barbitta, flanqueada por el exmagistrado, reclamó al Tribunal Oral Federal de Corrientes no solo la absolución de culpa y cargo, sino también que declare la nulidad del alegato de los fiscales Diego iglesias y Martín Uriona -de Procunar- y Carlos Schaefer, así como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido (N° 27.304)  y que no se tengan en cuenta las pruebas incorporadas al juicio basadas en los dichos de los imputados colaboradores.

Lawfare, operaciones de prensa, coimas sin dinero ni bienes en una pericia contable al magistrado y su familia y la fuga "patrocinada" del narcotraficante Federico Sebastián "Morenita" Marín, formaron parte de un alegato pronunciado durante toda la mañana de este viernes en la sala de audiencias del Tribunal subrogado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel Moreira y Rubén Quiñónes.

Barbitta en su planteo sostuvo que los 15 años de prisión que el ministerio público fiscal reclamó como condena a Soto Dávila, no fueron explicados cómo se distribuyen según los delitos que le endilgan.

Asimismo, indicó que de las 38 escuchas telefónicas que se transmitieron a lo largo del juicio, ninguna menciona a Soto Dávila como receptor de sobornos o como virtual líder de la asociación ilícita, en tanto que -dijo la abogada- se lo oyó al exmagistrado en una sola intervención telefónica a la que consideró ilegal por no ser captada con su consentimiento.

Hizo especial énfasis en la labor jurídica del juez federal en torno al narcotráfico, con ejemplos sobre las investigaciones y las detenciones que instruyó en el periodo que se investigó, al menos desde 2015 a 2018 y en el que se le imputaron ocho hechos de supuestos sobornos.

Así, mencionó que el narcotraficante identificado como Germán "Chavito" Barrios, que participa en la conversación telefónica en la que trata a Soto Dávila como "el juez piola" que "arregla", precisamente fue procesado y detenido con una orden del Juzgado Federal 1 en tiempos de su judicatura.

El mismo repaso sobre investigaciones, procesamientos y detenciones, incluso pedidos de captura internacional, formuló Barbita para los casos de los narcotraficantes Morenita Marín, su pareja, Lourdes Alegre y de uno de los líderes del contrabando de drogas desde Itatí, Carlos "Cachito" Bareiro.

Por otra parte, la defensora insistió en que a lo largo de los alegatos de la acusación se mencionaron cifras de dinero que Soto Dávila, dijo, jamás percibió ni autorizó a que se operativicen en carácter de sobornos y que prueba de ello es que se sometió a una pericia contable y patrimonial, orientada por la especialista Selva Morato, en la que se revisó sobre sus propiedades inmuebles y un vehículo.

"No han hallado nada", manifestó Barbitta y subrayó: "Hablaron de coimas y la plata no está".

A su vez, fue vehemente al remarcar que"echó a las patadas de su casa" al exintendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone, supuesto intermediario entre el exjuez y Morenita Marínpara lograr una resolución favorable a Lourdes Alegre que permanecía detenida y que estableció un contacto con la excusa de entregarle "un dorado".

En su alegato, Barbitta, que actuó junto al abogado Mariano Balanovsky a lo largo del proceso, también reforzó la idea de que los fiscales de la Procunar supuestamente favorecieron a Marín  concediéndole beneficios procesales como la prisión domiciliaria a cambio de que declare como arrepentido en una audiencia que no fue grabada, como lo obliga la ley.

Así fue que justificó catalogar como "fuga patrocinada" por la Procuraduría de Narcocriminalidad la huída del líder narco en febrero pasado luego de concurrir, con tobillera electrónica, a una consulta médica.

El juicio por la investigación al Juzgado Federal continuará el jueves 20 de abril con dos instancias. Por un lado se realizará con los abogados imputados Jorge Vallejos y Omar Serial la audiencia de visu, en la que confirmarán su aceptación de sendos juicios abreviados en acuerdos con la fiscalía.

Los narcotraficantes Bareiro y Pablo Torres mantuvieron el visu esta semana.

Y por otra parte, iniciará su alegato el abogado Silvio Sosa, que defiende a su colega Gregorio "Pochi" Giménez, por quien el ministerio público pidió una condena a siete años de prisión por supuesto cohecho activo en dos ocasiones.