Veinte años de populismo energético

Por Daniel Montamat* Publicado en Clarín

El oficialismo ha celebrado el vigésimo aniversario de la asunción de la primera administración kirchnerista. Eran tiempos en los que el dramático ajuste que impuso la salida de la convertibilidad, y los vientos favorables de los términos de intercambio que favorecían nuestras exportaciones agrícolas empezaban a esbozar el fin de la crisis y la expansión del producto con superávit gemelos.

Se abría la gran oportunidad de usar parte de los pesos del superávit fiscal para comprar parte de los dólares del superávit comercial y empezar a consolidar un fondo anticíclico y, sobre esa base, un proceso de desarrollo de valor agregado exportable.

Los precios relativos se habían reacomodado a una relación de 3 pesos por dólar, pero quedaban atrasados los precios de los bienes y tarifas regulados, entre ellos, los de la canasta energética. Había que empezar a reajustarlos.

Con la herencia de un sistema energético que se había capitalizado y contaba con reservas, los atrasos tarifarios iniciales fueron absorbidos por los productores y operadores del sector menguando inversiones (que con la reorganización industrial de los noventa eran mayormente privadas).

Hasta el 2003 los subsidios económicos a la energía (por el divorcio paulatino de los precios y las tarifas con sus costos económicos) no tenían todavía impacto presupuestario. Ya en el 2004 empezó a quedar en claro que ni habría fondo anticíclico (los superávit gemelos se iban a ir licuando a medida que aumentaba el gasto público), ni tampoco habría recomposición de precios relativos de la energía. Piedra libre al festival populista mientras durase.

Algunos recordaran el “congelamiento” posicional que tuvo el entonces vicepresidente Daniel Scioli por aludir a un posible ajuste tarifario. De eso ya no se podía hablar. En el 2004 empezamos con los subsidios a la energía con impacto presupuestario (825 millones de dólares corrientes). Esos subsidios trepan a 20.829 millones en el 2014, con la segunda administración de Cristina Fernández de Kirchner, representando 3,7% del PBI. La administración Macri inició el traumático proceso de recomponer precios y tarifas de la energía y en el 2019 los subsidios bajaron a 4931 millones de dólares (1,11% PBI). Pero volvieron los congelamientos y los subsidios en la Administración de Alberto Fernández alcanzando en el 2022 los 13.004 millones de dólares (2.08% PBI).

En todos estos años, partiendo del 2004, los subsidios a la energía totalizaron la extravagante cifra de 166.672 millones de dólares corrientes (el 92% subsidios corrientes al consumo).

La intervención en los precios y las tarifas en la lógica populista obedece a tres objetivos básicos: ancla antiinflacionaria, redistribución de ingresos, reactivación del consumo. En el corto plazo, el congelamiento puede generar alguna contención de precios (inflación reprimida) y algún efecto redistributivo y reactivador, pero en el mediano y largo plazo las consecuencias del festival populista son nefastas.

Las intervenciones en los precios y en las tarifas de los servicios públicos (a semejanza de lo que sucede con el retraso cambiario) empiezan camuflando el diagnóstico y el debate sobre las causas macroeconómicas de la inflación, y derivan en subsidios generalizados que benefician más a los ricos que a los pobres.

Por su parte, los efectos reactivadores en el agregado se esterilizan por caída de inversión y aumento de la inflación (los subsidios se financian con impuestos, con deuda o, finalmente, con emisión inflacionaria).

Como las señales de precios alientan la demanda y desalientan la producción local, los congelamientos tienen como contracara crecientes déficit de la balanza comercial energética con impacto en las cuentas externas. La Argentina había alcanzado el autoabastecimiento energético (balanza sectorial equilibrada) en 1989.

Durante la década del 90 tuvo superávit energético que se prolongó en la primera década del nuevo siglo gracias a los precios excepcionales del crudo en el mundo, de los cuales también estuvimos divorciados.

Pero en el 2006 teníamos un superávit de 6.081 millones de dólares, que fue bajando hasta transformarse en déficit en el 2011, déficit que trepó a los 6902 millones en el 2013. De nuevo, la administración pasada logró revertir la tendencia dejando una balanza casi equilibrada.

En el 2022, con la reincidencia en políticas fallidas, las cuentas externas del sector acusaron un rojo de 4471 millones de dólares. Por último, pero no menos importante, la crisis energética deterioró la calidad del servicio (cortes de luz) y es responsable de la escasez de productos (gasoil en las cosechas, gas en invierno) cuando más se necesitan. El populismo energético de estas dos décadas convirtió a la energía en un problema serio para la economía. Pero la otra herencia gravosa de la reincidencia es su impacto cultural.

La idea populista de asimilar a los bienes y servicios energéticos a los bienes públicos, que a su vez se asumen como “gratuitos” cuando no lo son (como la educación o la salud pública), y la idea de creer que los subsidios son un “paga Dios” (un regalo del gobierno de turno) se han arraigado en el colectivo social y son funcionales al oportunismo político cortoplacista de congelar tarifas y aumentar subsidios (aunque haya que emitir para financiarlos).

Así se entrampa a un sector capital intensivo en el corto plazo y se complica el retorno a la normalidad. Las falacias populistas han calado hondo en la sociedad y la solución del problema energético deberá lidiar con respuestas técnicas y cambios culturales.

*Exsecretario de Energía 

y expresidente de YPF