Una mujer, a bordo de una camioneta, persiguió y efectuó disparos de arma de fuego contra jóvenes que regresaban de compartir una cena tras una jornada deportiva en la localidad correntina de Bella Vista. Pese a las filmaciones y las denuncias, la supuesta agresora permanece en libertad, lo que desató una ola de críticas contra el fiscal a cargo de la investigación.
Uno de los padres de los menores involucrados relató a El Litoral que el ataque se produjo el sábado a la madrugada. Según el testimonio, la mujer realizó maniobras peligrosas, incluso circulando en contramano, para perseguir a dos grupos de amigos.
Ante la desesperación, los jóvenes buscaron refugio en la comisaría local: "Estaban desesperados, pidiendo ayuda", graficó el tutor.
Críticas al fiscal Sergio Freitag
El malestar de las familias se centra en la figura del fiscal de la causa, Sergio Freitag. Según denuncian los padres, el funcionario judicial no habría dado las órdenes inmediatas para realizar las actuaciones de rigor. La mayor indignación radica en que el allanamiento en la vivienda de la sospechosa se ejecutó recién 14 horas después del incidente.
Como resultado de la demora, los efectivos policiales no lograron hallar el arma utilizada en el ataque. "La mujer sigue andando como si nada y el fiscal no pidió medidas preventivas", denunció el padre, quien además aseguró que la atacante cuenta con antecedentes de hechos similares en la localidad.
Contradicciones en los protocolos de seguridad
El caso puso de manifiesto una preocupante contradicción en las medidas de seguridad locales. Los tutores recordaron que, recientemente, las escuelas de Bella Vista implementaron protocolos estrictos ante amenazas de tiroteos, incluyendo la exigencia de mochilas transparentes para los alumnos.
“Les hacen ir a los chicos con mochilas transparentes y la mujer (que disparó) sigue andando libre por la ciudad”, cuestionó el padre damnificado. La falta de detención o de restricciones perimetrales ha generado un clima de temor entre los adolescentes que frecuentan espacios públicos.
La causa, que cuenta con el soporte de grabaciones de cámaras de seguridad privadas donde se observa la persecución, espera ahora nuevas definiciones judiciales.
"Lo único que pedimos es protección para nuestros hijos", concluyó el vocero de las familias afectadas.
