Tras detectar un incremento crítico en el consumo de estupefacientes y fallas en los controles tecnológicos, el Juzgado de Ejecución de Condenas intimó al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario a garantizar la integridad de los internos de la cárcel de condenados.
En una resolución orientada a resguardar la salud de las personas privadas de libertad y la seguridad institucional, la Justicia ordenó la intervención inmediata del Estado ante la grave situación sanitaria en la Unidad Penal N° 1 ubicada en San Cayetano.
La medida judicial se fundamenta en el rol del Estado como garante de los derechos humanos y en la necesidad de revertir un escenario marcado por la violencia y el deterioro físico de los alojados.
Argumentos
La decisión de la magistratura surge a partir de informes críticos de la Fiscalía e inspecciones propias que revelaron un panorama alarmante dentro del establecimiento, según advierten de manera oficial.
Entre los antecedentes que motivaron la resolución se encuentran casos de extrema gravedad, como el deceso de un interno ocurrido en noviembre de 2025 y diversos traslados de urgencia al Hospital Vidal durante el presente mes, todos vinculados a complicaciones derivadas de la ingesta de sustancias prohibidas.
Uno de los puntos centrales de la intimación destaca la vulnerabilidad actual de los controles de ingreso, debido a que el scanner de detección de sustancias del complejo se encuentra fuera de servicio.
Ante esta situación, el Juzgado requirió formalmente al ministro de Seguridad y al jefe del Servicio Penitenciario la reparación urgente de dicha tecnología, exigiendo además un informe detallado sobre los plazos de puesta en funcionamiento y las medidas alternativas que se están aplicando para suplir esta carencia técnica.
Finalmente, la resolución judicial subraya que la ejecución de la pena es incompatible con contextos de consumo y circulación de drogas, por lo que se ordenó intensificar los operativos de requisa y vigilancia.
Con esta orden, el Poder Judicial de Corrientes busca frenar los circuitos de endeudamiento y violencia que genera el narcotráfico intramuros, reafirmando su compromiso con la supervisión de las condiciones de detención y la dignidad humana en el ámbito carcelario.
