La Justicia de Familia de Mendoza intervino en el conflicto entre una familia que se negaba a vacunar a su bebé recién nacido y la clínica que evitó darle el alta, hasta no cumplir con la ley nacional de vacunación.
El nacimiento de este varón ocurrió el miércoles 13 de septiembre en la Clínica de Cuyo, una de las principales maternidades privadas de Mendoza.
La madre y el padre del recién nacido argumentaron que no querían que se le aplicaran las dos vacunas obligatorias dentro de las primeras 12 horas de vida: las de la hepatitis B y la de la tuberculosis (BCG).
El equipo médico de la clínica recurrió al Departamento de Legales. Y el abogado Sebastián Llanos decidió ir a la Justicia del Menor del Municipio de Las Heras, donde reside la familia, y avisar al Equipo Técnico Interdisciplinario del Gobierno de Mendoza (ETI).
El asesor legal de la clínica envió toda la documentación del caso, con la historia clínica del bebé, la opinión del pediatra y la posición que sostenían los padres de negarse a vacunar a su hijo y reclamando el alta voluntaria.
Un día después, el viernes último, llegó el fallo de la conjuez de Familia subrogante, Rebeca Natalia Ropero, con un dictamen de la asesora de Menores que argumentaba que debía cumplirse lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 27.491 y su reciente reglamentación de cómo actuar con el calendario oficial de vacunación.
La conjueza ordenó la aplicación de las dos vacunas y envió compulsa al Juzgado de Faltas para que evalúe si corresponde aplicar una sanción por contravención a una ley nacional a los padres.
Según pudo conocer Clarín, una vez que la madre y el padre del bebé fueron notificados de la sentencia, accedieron a vacunar a su hijo. Y el pequeño y su mamá obtuvieron el alta en la tarde del viernes.
El abogado Llanos, que es docente de la cátedra de Derecho a la Salud y Responsabilidad Médica en la Universidad Nacional de Cuyo, explicó que ante la negativa de los padres la Justicia debe resguardar el interés superior del niño.
“Un recién nacido no tiene voz para defenderse y los derechos de sus progenitores no son absolutos, sino relativos. En este caso, la legislación ampara al menor y garantiza que debe aplicarse el cronograma de vacunación. Y advierte, que de no cumplirlo, se pone en juego la salud pública en general”, detalló el asesor legal de la clínica.
La opinión de la SAP
La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de Mendoza, la pediatra y experta en Infectología Andrea Falaschi, explicó que las vacunas son obligatorias en el país, y constituyen una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles que pueden ser graves para nuestra salud.
“Tenemos uno de los calendarios más importantes y completos de vacunación en el mundo, lo que permite que todas las personas puedan tener equidad en salud y es un bien público que debemos defender”, destacó Falaschi.
El presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el doctor Pablo Moreno, coincidió: “Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias más importantes para la humanidad y son una de las mejores pautas para tener garantizar derecho a la salud, son gratuitas y accesibles para toda la población”.
El argumento de los
padres
La familia intentó postergar la vacunación porque, según trascendió, tiene otro hijo con trastorno del espectro autista y culpan a las vacunas por esa condición, aunque es una postura que ya ha sido descartada por las distintas asociaciones médicas y científicas.
Al respecto, el presidente de SAP, afirmó: “La evidencia científica indica que no hay relación entre las vacunas y el autismo”.
