Ley de Salud Mental: profesionales correntinos refuerzan su lucha contra la reforma

El Gobierno nacional encabezado por Javier Milei logró esta semana asegurar la aprobación en comisiones del proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocido como ley ómnibus. La Casa Rosada, buscando conciliar con la oposición, introdujo una serie de modificaciones al extenso documento, entre los que figuran seis puntos que fueron derivados a las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados en marzo, abordando temas como salud mental, reforma política y cambios en proyectos judiciales.

Si bien en el proyecto original la ley ómnibus planteaba modificaciones sustanciales en la Ley N° 26.657 de Salud Mental, como se mencionó este fue uno de los temas que quedaron fuera de la discusión inmediata, aunque lo cierto es que las pretendidas reformas sobre la legislación vigente se sostienen y tendrán que ser analizadas próximamente. En Corrientes profesionales de diversas áreas vinculadas al sector vienen hace semanas realizando manifestaciones y convocatorias para dar a conocer su postura en la que argumentan que se trata de cambios "innecesarios".

En diálogo conEl Litoral, la licenciada en Psicología, Mariana Repetto (MP 073), miembro del colectivo y con experiencia en la sala de personas en situación de crisis del Hospital San Francisco de Asís de Corrientes, destacó la postergación de la Ley de Salud Mental para sesiones ordinarias. En este sentido, consideró que esta decisión refuerza la necesidad de seguir luchando para que se conozca la situación, especialmente entre aquellos afectados directamente por problemas de salud mental y que han experimentado internaciones.

Es necesario remarcar que los artículos 5, 11, 39 y 20 son los focos de discusión de mayor repercusión, ya que abordan cuestiones relevantes sobre diagnóstico de salud mental, responsabilidad de la autoridad de aplicación, composición del órgano de revisión y condiciones para la internación. Estos puntos se vinculan a la internación involuntaria, que actualmente se considera "excepcional". Además, el proyecto propone eliminar la figura de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" y facultar a jueces para adoptar "medidas de atención urgentes" basadas en “convicciones”.

Repetto explicó que desde el colectivo buscan dar a conocer las posibles implicancias que tendrían las reformas a partir de dos puntos específicos: las internaciones involuntarias y la posibilidad de revocar el alta basándose en las convicciones del juez, dejando de lado el criterio de un equipo interdisciplinario, como también la preocupación por la habilitación de instituciones específicas como psiquiátricos por parte de privados.

Al referirse a los apartados de la ley que establecen las condiciones para la internación, Repetto especificó a este medio: “Esta reforma que quieren hacer de la ley utiliza la palabra "convicción", fundamenta la decisión de un juez en convicciones y pueden llegar a internar a alguien sin la presencia de un equipo interdisciplinario, que es lo que hoy figura en la ley y estipula que las internaciones siempre tienen que estar avaladas por un equipo interdisciplinario que evalúe el riesgo”. 

“Las modificaciones permiten a los jueces internar por cuestiones de convicción, que el tema en sí de la internación no es el eje problemático porque podría hacerse por algunos días y luego el equipo interdisciplinario evalúa que no hay criterio y da el alta, pero este equipo queda en segundo plano porque un juez haría uso de facultades o fundamentos que le dieron sus convicciones y se cesa el alta o salida, o sea que una persona queda a expensas del Poder Judicial y de una decisión judicial”, continuó. A esto, aseveró: “Es un tema complicado, porque el no recurrir a especialistas en salud mental para tomar una decisión es no entender que es una decisión terapéutica y no legal”.

La propuesta de reforma que plantea también la eliminación de la prohibición para la creación de nuevos hospitales psiquiátricos o instituciones monovalentes. Es importante destacar que la Ley Nacional de Salud Mental tiene como objetivo principal promover la inclusión social de los pacientes a través de instituciones comunitarias, respetando los derechos humanos y eliminando los centros de encierro especializados en psiquiatría, conocidos como "manicomios".

La normativa actual prohíbe expresamente la creación de nuevos hospitales psiquiátricos, tanto públicos como privados, y establece restricciones estrictas para las internaciones, permitiéndolas únicamente en casos de riesgo cierto o inminente para la persona o terceros, con la designación de un abogado en tales situaciones.

“Nos preocupa porque seguramente el Estado no construya otro hospital psiquiátrico pero sí los privados. Entonces la pregunta que surge es quién va a ser el contralor de las internaciones, qué ámbito se va a manejar, se va a dejar a criterio profesional, va a existir ética profesional o se va a basar sólo en el criterio de alguien que sostiene una internación. La Ley establece el órgano de revisión que es un organismo que controla las internaciones involuntarias, los tiempos, pero Corrientes no tiene ese organismo”, fundamentó la profesional en salud mental. 

En este sentido, desde el colectivo insisten en la implementación correcta de la ley antes de realizar cambios. “Nosotros creemos como colectivo que la ley debe ser implementada porque todavía, después de más de diez años de su vigencia, no ha sido implementada correctamente y esa es la verdadera discusión que debe darse. Las modificaciones se deben hacer después de esto, no antes”, concluyó Repetto.