Una nueva resolución judicial reactivó el conflicto entre las monjas de clausura del monasterio San Bernardo de Salta y el arzobispo Mario Cargnello, fundamentado en que las carmelitas apoyan la devoción a la Virgen del Cerro, que no es reconocida por la Iglesia. En el marco del proceso cautelar civil (no es una causa penal) abierto hace dos años, la jueza de Violencia Familiar y de Género, Carolina Cáceres Moreno, ordenó sostener las medidas de restricción e intimar a Cargnello y a otros tres sacerdotes a que hagan capacitaciones en género e inicien un tratamiento psicológico.
Ante el pedido de los abogados del Arzobispado de que el proceso se cerrara porque llevaba dos años sin novedades, Cáceres Moreno respondió con una resolución de 87 páginas en las que mantiene las restricciones de acercamiento al monasterio para Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.
Además, los intima a realizar las capacitaciones y a presentar los certificados y que inicien tratamientos psicológicos “a fin de que modifiquen patrones de comportamiento”. “Concluyo y afirmo –dice la magistrada en la resolución– que las carmelitas han padecido hechos de violencia de género en el ámbito institucional del tipo religiosa, física, psicológica y económica por 20 años”.
