Este viernes el Gobierno debe girar a las 56 universidades nacionales 2,5 billones de pesos para compensar la pérdida en salarios y gastos operativos. Así lo ordenó la Justicia en un fallo de segunda instancia hace dos semanas. El monto supera en US$750 millones el desembolso del FMI que Luis Caputo logró destrabar miércoles en su última excursión a Washington. El Ejecutivo busca ganar tiempo y apelaría a la Corte Suprema. Las comunidad académica y los gremios piensan en dejar los paros activos -"a la japonesa"- para reeditar la convocatoria masiva de 2024, una de las más grandes desde el regreso de la democracia y la más multitudinaria que sufrió la administración de Javier Milei.
El escenario de casi medio millón de personas en la calle, como hace dos años, genera zozobra en algunos despachos de la Casa Rosada. La situación no es la misma que entonces.
El oficialismo tiene más fuerza en el Congreso, pero el relato contra la casta está herido y el humor social en caída, según marcan las mismas encuestas que consumen en Balcarce 50. La inflación marcó su décimo mes en ascenso, la recaudación sigue cayendo y Manuel Adorni ya no da cátedra desde su atril.
“No sé de qué nos vamos a disfrazar”, razonan en el Ejecutivo sobre la fecha límite que dictaminó la sentencia de la Cámara III en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la apelación de Capital Humano y exigió al Gobierno que implemente de inmediato la Ley de Fortalecimiento Universitario.
En la procuración del Tesoro que conduce el desplazado secretario de Justicia Sebastián Amerio -hombre de Santiago Caputo- no muestran las cartas, porque dicen que no quieren entorpecer la estrategia. Si bien Capital Humano es el área sustantiva de la causa, el patrocinio legal depende de los abogados del Estado. Funcionarios de alto rango se exponen a condenas penales por incumplimientos de sus deberes.
Recurrir a la Corte Suprema es el último paso que le queda al Gobierno, pero la suerte ya está echada. El máximo tribunal solo falla sobre cuestiones de fondo y no sobre cautelares. Cualquier otra solución representaría un cambio de paradigma.
