Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF le solicitaron a la jueza de Nueva York Loretta Preska que fije fechas concretas para avanzar con una declaración de desacato y sanciones económicas contra la Argentina, a raíz de las demoras en la entrega de chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios.
El planteo, presentado este miércoles, forma parte de una estrategia que los demandantes —Petersen y Eton Park, financiados por el fondo Burford— vienen desplegando desde que obtuvieron una sentencia favorable por US$16.000 millones y la Argentina decidió apelar.
Según remarcaron, el país “usa maniobras dilatorias” y no cumplió en tiempo y forma las órdenes relacionadas con la producción de comunicaciones.
Ya en presentaciones previas, los beneficiarios del fallo habían advertido que estaban dispuestos a ir más lejos, con un desacato que podría multiplicar las multas. El propio abogado de los demandantes había anticipado en audiencia que si Argentina insistía en no entregar los mensajes, avanzarían “por la ejecución de la orden, por sanciones, incluidas presunciones adversas y multas monetarias”.
Ese escenario comenzó a tomar forma esta semana con un pedido concreto: que Preska marque un cronograma para sustanciar el desacato y definir penalidades.
El trasfondo sigue siendo el mismo: los demandantes buscan probar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas son “alter egos” del Estado argentino, lo que eventualmente podría habilitar embargos. Para eso, exigen los intercambios digitales de funcionarios que, entienden, reflejarían cómo circulan las decisiones entre esas entidades y el Gobierno.
En el escrito anterior, los demandantes habían apuntado a distintos nombres. Entre ellos, Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno, quienes —según plantearon— se negaron a entregar sus chats. También mencionaron que otros cuatro funcionarios rechazaron hacerlo y que varios ni siquiera respondieron al pedido del propio gobierno argentino.
La discusión escaló cuando, pese a una orden de Preska para que hubiera avances, los demandantes aseguraron que el país seguía entregando la información “a cuentagotas”. En paralelo, recordaron que ya habían advertido a la jueza su disposición a “avanzar en el pedido de sanciones monetarias o de otro tipo”.
La presentación del miércoles agrega un elemento más: un calendario. En la carta remitida al tribunal, los demandantes pidieron fijar un cronograma para el tratamiento del desacato y las sanciones vinculadas a la supuesta falta de producción de “off-channel communications” —comunicaciones por fuera de los canales oficiales—.
Propusieron que su moción se presente el 15 de enero, la respuesta argentina el 19 de febrero y la réplica el 5 de marzo. Argentina dio su consentimiento sobre ese esquema procesal.
Además, los beneficiarios reiteraron el pedido de que la jueza reserve espacio para una audiencia probatoria sobre el tema, algo que ya habían planteado en la audiencia del 9 de diciembre. Allí, explicaron, podrían ventilarse las posiciones fácticas del país respecto de por qué dice no tener acceso al material. La defensa argentina, por su parte, dejó asentado que se opone a “una audiencia probatoria indefinida y prematura” y que los demandantes no detallaron alcance, testigos ni objetivos de esa instancia.
La Procuración del Tesoro insiste en que los dispositivos son personales y que, por lo tanto, depende de que cada funcionario acepte voluntariamente entregarlos. En documentos previos, la Argentina señaló que hubo colaboraciones parciales de algunos involucrados y destacó los nombres que todavía no confirmaron si participarán del proceso.
Preska ya había fijado que debía haber avances y pautó una audiencia para el 10 de enero y otra para el 29, y debe definir qué camino seguir. Mientras, la Corte de Apelaciones analiza el planteo central del país contra el fallo por la expropiación.
TN
