El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal solicitó a la Cancillería argentina su intervención en el caso de la abogada Agostina Páez, quien se encuentra detenida por prisión preventiva y controlada con tobillera electrónica en Río de Janeiro acusada de gestos racistas contra los empleados de un restaurante.
A través de su presidente, Ricardo Gil Lavedra, el Colegio Público de Abogacía porteño le envió una carga al canciller Pablo Quirno para que intervenga de manera oficial en el caso de la abogada santiagueña y efectué gestiones para garantizar el pleno resguardo de sus derechos y garantías como ciudadana argentina.
“Pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas. Es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”, subrayó Gil Lavedra.
El ex camarista que juzgó a los comandantes de la última dictadura militar recordó que “la República Argentina ha sostenido históricamente, en el ámbito internacional, un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos”.
Entonces, afirmó que “corresponde arbitrar los mecanismos diplomáticos y consulares pertinentes a fin de verificar que (…) cuente con asistencia adecuada y que el proceso que la involucra respete plenamente las garantías judiciales reconocidas por los estándares internacionales”.
El reclamo fue acompañado por una carta enviada por Luis Alberto Miguel, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, quien expresó su preocupación por la situación de la abogada matriculada en dicha jurisdicción, y solicitó el acompañamiento del Colegio Público porteño.
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