La reforma laboral, aprobada por la Cámara de Diputados y cerca de que el Senado la convierta en ley, además del traspaso de los jueces laborales a la CABA, incluye otra “bomba” para la Justicia que pasó casi desapercibida: los fallos de la Corte Suprema de Justicia serán obligatorios para los tribunales inferiores y los jueces que no lo hagan podrían ser removidos.
Hasta ahora las resoluciones del máximo tribunal, como por ejemplo, sobre el cálculo de la indemnización que decidieron el año pasado Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, eran aplicadas caso por caso y en "forma difusa", explicó una fuente judicial.
Ahora los jueces laborales de todo el país, según el artículo 89 del proyecto, tendrán la obligatoriedad de adecuarse a ellas bajo la pena de que se les inicie un juicio por mal desempeño de las funciones y sean removidos de sus cargos, dice el texto impulsado por la senadora Patricia Bullrich. La oposición puso el eje en el ahora quitado artículo 44 sobre los accidentes de trabajo pero no sobre este otro.
Para el Gobierno y sectores empresarios se trata de otra medida contra la “industria de juicio”.
Pero la transferencia del fuero laboral también tendrá implicancias políticas sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo que propone, sanciona y destituye jueces y que la condenada ex presidenta Cristina Kirchner siempre buscó controlar.
Una fuente de la Magistratura contó a la prensa metropolitana que de los cuatro representantes de jueces en el organismo, el kirchnerismo a través de la lista Celeste y su representante Alberto Lugones (el juez del polémico fallo que pasó la causa por corrupción en la AFA a Zárate-Campana).
