La abogada argentina Agostina Páez (29) fue trasladada este viernes al mediodía a una sede de la Policía Civil en Río de Janeiro, luego de que la Justicia ordenó su prisión preventiva por hacer gestos racistas a los empleados de un bar en Ipanema. Sin embargo, por la tarde, la defensa logró que revocaran la detención.
A partir de este nuevo fallo, la joven seguirá imputada y monitoreada con tobillera electrónica en el mismo departamento de la ciudad carioca del que horas antes se la habían llevado en un móvil policial. Además, tiene la prohibición de salir de Brasil.
A pesar de que Páez se encontraba en esa situación desde el 21 de enero pasado, esta semana la Justicia local consideró que existía riesgo de fuga y dispuso su prisión preventiva.
La joven santiagueña está acompañada por su abogado en Brasil, Jorge Roitman, bajo la supervisión de Sebastián Robles, el letrado que la representa en Argentina.
Robles confirmó que Páez fue trasladada este viernes al mediodía a la Comisaría 11° de Rocinha, de la Policía Civil de Brasil en Río de Janeiro, para cumplir con la orden detención inicial.
“Estaba llorando, con miedo, preocupada y angustiada”, describió Robles sobre el estado de la abogada al momento de ser trasladada desde el departamento hasta la sede policial. En un video del medio brasileño g1 no se la vio esposada en ningún momento.
El abogado ya había presentado dos habeas corpus desde que Páez fue retenida y calificó de “desproporcionada” la medida ordenada por el juez sustituto Guileherme Schilling Pollo Duarte.
Tras la detención, la defensa pidió una revocatoria inmediata de las medidas cautelares y logró que el mismo magistrado se lo conceda y Páez vuelva a la situación procesal previa.
Robles explicó que la abogada tiene libertad ambulatoria, pero que si sale del Estado de Río de Janeiro se activa la tobillera electrónica que la monitorea. Y agregó que el juez la citó para el lunes próximo para una audiencia presencial.
Al momento de pedir la detención, el juez sostuvo en su fallo que “la instrucción criminal se encuentra en su fase inicial y la permanencia de la imputada en libertad, en esta etapa de la producción probatoria, comprometería la garantía del orden público y la libre instrucción criminal”.
“En efecto, la acusada en libertad, en el momento actual, ocasionaría un grave inconveniente a la instrucción criminal, ya que tal situación podría intimidar a los testigos de los hechos y, especialmente, a las víctimas, para que no presten sus respectivos testimonios ante la justicia de manera imparcial, así como también podría permitir que la acusada, de forma deliberada, regrese a su país de origen, lo que traería consecuencias desastrosas para la búsqueda de la verdad real”, señaló en el escrito.
Temas del día:
