Luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti archivara el lunes último la causa que investiga la deuda que la gestión de Cambiemos tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, el Gobierno decidió remover a la Procuración del Tesoro como querellante del caso, un rol que permite contar con acceso al expediente, proponer pruebas e incluso apelar las decisiones de los jueces.
El decreto del presidente Javier Milei se formalizó horas antes del vencimiento del plazo de apelación. La Procuración del Tesoro defiende los intereses del Estado y sus abogados deben poder fundar su decisión de no apelar un archivo, pero con el decreto, que deroga otro que fue emitido por Alberto Fernández, el Gobierno clausuró cualquier posible discusión técnica sobre su actuación en el caso.
El archivo de la causa fue ordenado por la jueza Capuchetti el lunes pasado, en el primer día hábil tras la feria judicial, pero trascendió recién por estas horas, luego de que el fiscal del caso, Franco Picardi, a diferencia del Gobierno, apelara la decisión con un duro escrito.
Ahora, la suerte del expediente que investiga irregularidades en la toma de la deuda con el FMI se decidirá en la Cámara Federal de Apelaciones.
La causa es, en principio, por un presunto fraude al Estado e involucra a las máximas autoridades del periodo: el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el expresidente del Banco Central, y los actuales funcionarios, el ministro de Economía Luis Caputo, que en aquel entonces fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que durante el macrismo estuvo al frente del Central.
Durante el Gobierno de Alberto Fernández, se decidió la intervención de la Procuración como querellante en este expediente, bajo la hipótesis de que existían indicios de que el acuerdo con el FMI se había tomado violando procedimientos legales.
Con el Decreto 87/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno derogó esa resolución de Fernández y ordenó a la Procuración cesar su intervención.
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