El Gobierno envió al Congreso el proyecto que modifica los puntos centrales de la ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue vetada por el presidente Javier Milei, aunque también fue ratificada por ambas cámaras con amplía mayoría, en una controvertida pulseada entre el oficialismo y la oposición.
Se trata del proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que ingresó por el Senado y que promueve una reformulación del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Tal como se acordó este viernes durante la reunión de la Mesa Política que comanda Karina Milei, la reforma se fundamenta en un informe que reveló un fuerte crecimiento de los beneficios entre 2003 y 2023, al pasar de 76.000 a 1,2 millones de pensiones. A partir de estos datos, el Gobierno busca, a través de la Secretaría de Discapacidad, instalar nuevas medidas de fiscalización y control.
En este sentido se promueve una serie de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios. La fiscalización incluirá cruce de información entre la ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Si surge algún incumplimiento, la autoridad de aplicación podrá dictar la suspensión preventiva.
Entre otros cambios se incluyó un artículo que faculta a la Secretaría de Discapacidad a exigir un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Se otorga un plazo de 90 días con la posibilidad de prorrogarse por otros 30 para que los beneficiarios actualicen su información personal, socioeconómica y médica, una medida que fue cuestionada por las organizaciones sociales y la propia oposición en el Congreso.
Sin embargo, se prevé que la reglamentación deberá facilitar modalidades presenciales, remotas o mixtas, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y las condiciones de accesibilidad. Se deja en claro quienes no cumplan con el reempadronamiento sufrirán una suspensión automática.
