La Corte Suprema quedó en condiciones de resolver la disputa judicial entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un expediente que ya atravesó las instancias inferiores y ahora espera una definición del máximo tribunal. El caso se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre la Casa Rosada y el sistema universitario, en medio de las protestas por el ajuste presupuestario.
La controversia gira en torno a la ley aprobada por el Congreso, que obliga al Ejecutivo a actualizar automáticamente las partidas destinadas a las universidades, además de recomponer salarios docentes y no docentes y garantizar fondos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
Tras los fallos favorables al Consejo Interuniversitario Nacional en primera y segunda instancia, la administración de Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar frenar la ejecución de la ley. En la Casa Rosada sostienen que la aplicación de algunos artículos podría generar un “grave e irreparable perjuicio” para el Estado y afectar el equilibrio fiscal.
Con el expediente ya elevado, la Corte puede ahora rechazar el recurso sin tratar el fondo de la cuestión o avanzar hacia una sentencia definitiva. Si desestima la apelación oficial, quedará firme la resolución que obliga al Gobierno a transferir los fondos reclamados por las universidades.
La definición judicial llega después de una nueva Marcha Federal Universitaria realizada este martes en distintos puntos del país, donde rectores, docentes y estudiantes reclamaron por el deterioro presupuestario y exigieron el cumplimiento de la ley. Las universidades denuncian una fuerte caída de las transferencias nacionales y alertan por el impacto sobre salarios, funcionamiento académico y hospitales escuela.
En un duro documento, universidades le pidieron a la Corte "que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley de Financiamiento"
En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, las organizaciones convocantes leyeron un duro documento contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y reclamaron por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, por las universidades públicas y en defensa de la democracia. En el mensaje, pidieron a la Corte Suprema "que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley de Financiamiento". El máximo tribunal tendrá la última palabra en el ámbito judicial.
En un duro documento firmado por el CIN y refrendado por organizaciones gremiales docentes, calificaron al financiamiento del sistema universitario nacional como "crítico" y aseguraron que la principal causa es que el Gobierno nacional "incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema".
En paralelo al ahogamiento sobre políticas de infraestructurapara el mantenimiento de las casas de estudios, las universidades denunciaron también que se le suma la asfixia salarial impuesta por el Gobierno nacional. Desde 2024, Nación cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo. Eso, según afirman, se tradujo en un "empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo", acompañado por "renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales".
Para ponerlo en números, las universidades aseguraron que mientras la inflación acumuló un 293,30% entre diciembre del 2023 y marzo del 2026, los salarios acumulan un incremento del 147,30 %, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %, remarcaron. "Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas", advirtieron.
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