La relación entre el expresidente Alberto Fernández y su pareja, Fabiola Yañez, ha pasado a costarle ahora al Estado argentino 36.000 dólares mensuales. Es la suma correspondiente al mantenimiento en Madrid de los dos custodios de la Policía Federal Argentina encargados de la seguridad de la ex primera dama.
¿Ex primera dama? Los datos que han ido aflorando en las últimas semanas sobre la relación tumultuosa de dos personas hoy distanciadas física y emocionalmente abre un serio interrogante sobre el cometido que cumplía en el escenario oficial Fabiola Yañez. Con 36.000 dólares mensuales, o cerca de 30 millones de pesos al cambio oficial, podrían atenderse servicios hospitalarios y de alimentación de numerosa gente carenciada.
A poco de asumir, Javier Milei firmó un decreto modificatorio de varios anteriores que dispone que la Casa Militar evaluará la razonabilidad, extensión y gastos de los requerimientos que se efectúen, pudiendo sugerir la celebración de convenios con otros países para el mejor cumplimiento de la custodia, especialmente cuando se trate de viajes prolongados o residencia en el exterior de los exmandatarios y de sus familiares directos.
Fabiola Yañez contaba desde su instalación en España, aún antes de que Fernández fuera allí por unos meses, con un agente de custodia de la Policía Federal. Como no era de su confianza, sino que provenía del servicio que se turnaba para seguir los movimientos del entonces presidente, el juez Julián Ercolini solicitó el recambio y reforzamiento de la protección de Yañez luego de que esta denunciara a Fernández por violencia de género. Esto ha duplicado los gastos. Bien examinados, significan menos de lo que cuesta al país el ridículo, por decir lo menos, en que lo han puesto Fernández y Yañez, pero siguen siendo tan onerosos como injustificados. De hecho, muchos cuestionan el presupuesto asignado para la custodia en el exterior de quien bien podría vivir en el país, protegida por mucho menos..
Con intuición digna de mención, porque nada había trascendido sino ahora sobre las trifulcas que se repartían entre los dos principales habitantes de la residencia de Olivos desde diciembre de 2019, algunos diputados de la oposición habían presentado en 2021 un proyecto de especificación de las actividades propias del cónyuge o conviviente del jefe del Estado. Entre los firmantes de la iniciativa figuraron Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Jorge Enríquez.
Estos habían especificado que la o el acompañante del presidente tenía prohibido encabezar cualquier tipo de acto oficial, inaugurar obras, administrar recursos públicos, tener personal a su cargo y realizar anuncios. Y que no era en ningún caso un funcionario público. Acaso hayan tomado en cuenta que, de buenas a primeras, Fabiola había sido anunciada como presidenta honoraria de la Fundación Banco Nación y titular, junto con el entonces presidente, de Viveysueña, una marca similar a la de una ONG, con domicilio declarado en Villate 1000, o sea la residencia de Olivos, y registrada en el Instituto de la Propiedad Industrial. Si bien tenía por objeto declarado la “organización de eventos culturales y artísticos”, se dedicaba también a distribuir alimentos y útiles escolares pagados con dineros públicos, siempre identificados con un logo señalado con un corazón multicolor. Nada se sabe en qué terminó todo eso.
Salvo el caso de Carlos Menem, que hizo echar de Olivos a su mujer, Zulema Yoma, por el jefe de la Casa Militar, la historia argentina de lo que por razones protocolares se conoce como “primeras damas” ha tomado en general, por fortuna, un derrotero diferente de los escándalos, ya en estado judicial, que dominan sus últimas secuencias.
Desde Juana del Pino, la esposa de Bernardino Rivadavia, el álbum argentino de primeras damas contiene figuras destacadas por su discreción o elegancia natural.
Cuando pudieron, los gobernantes sin pareja se hicieron acompañar en ceremonias públicas por hijas. O como sucede entre Javier y Karina Milei, su hermana.
Con todo, la cuestión de fondo será siempre la del grado de decoro, de dignidad.
Se trata de una representación que se debe ceñir a la circunspección que impone, en todo tiempo y país, la función de acompañar a quien inviste la más alta magistratura de una nación organizada jurídicamente.
