En una audiencia celebrada el 26 de junio pasado, en una jornada internacional de lucha contra las drogas, el papa León XIV hizo un llamado urgente a combatir a quienes negocian con las adicciones. “Existen enormes concentraciones de intereses y organizaciones criminales generalizadas que los Estados tienen el deber de desmantelar”, dijo.
La Iglesia viene expresando su preocupación por la descomposición del sentido de comunidad en las propias parroquias, clubes, movimientos, sociedades de fomento y centros de salud, fenómenos que vinculan con el cierre de comedores, la eliminación de planes sociales y el abandono de obras en barrios populares, entre otras políticas públicas en crisis.
El avance del narcotráfico no es, sin embargo, un problema novedoso. Ya en 2014 el papa Francisco advertía que “la droga es una herida en nuestra sociedad, que atrapa a muchos y hiere a familias enteras”. Una definición que los obispos de Corrientes acaban de reactualizar ante la ley de narcomenudeo aprobada recientemente en la provincia.
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, quien participó como un peregrino más de la marcha al santuario de Luján, reiteró la semana pasada que casos como el del triple crimen de las jóvenes Verdi, Del Castillo y Gutiérrez suceden cuando el Estado se retira de los barrios.
“Es la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que sale a la luz con hechos tan desgraciados como este. Es una problemática de toda nuestra Argentina”, dijo, al insistir sobre el avance del “narcoestado”.
Es que en pocos temas como el drama del narcotráfico y su implacable avance, especialmente sobre los barrios y las familias más vulnerables, la Iglesia ha salido con los tapones de punta como lo ha hecho en los últimos tiempos.
Es que una sensación de desprotección generalizada sobrevuela tras el impacto del triple crimen que segó la vida de Morena Verdi, Brenda del Castillo –ambas de 20 años- y Lara Gutiérrez –de apenas 15 años-, en un hecho tan macabro y doloroso como desgarrador.
Distintas expresiones de la Iglesia, desde los obispos de San Justo y de Quilmes a los curas de villas y barrios populares, denunciaron la existencia de “zonas liberadas a merced de los narcos” y una cultura de “destrucción, delincuencia y criminalidad”. Un panorama que confirma la preocupante descripción de que “el narcotráfico está despenalizado de hecho” en la Argentina.
Una de las voces más enérgicas en estos días fue la del obispo emérito de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, quien animó a la sociedad a “salir de este infierno”, en un mensaje transmitido frente a camaristas, jueces de primera instancia y fiscales que participaron del encuentro de la Pastoral Judicial. Fue en una convocatoria del obispo de San Justo, monseñor Eduardo Héctor García, destinada a encontrar caminos que permitan salir de la grave amenaza marcada por el cóctel explosivo de la marginación social, el delito y la violencia.
“Tenemos que salir de este infierno y lo vamos a hacer”, dijo Ojea, al denunciar que varias zonas de las periferias fueron “abandonadas por el Estado”. El expresidente del Episcopado pidió que la Iglesia y el Poder Judicial puedan recrear una confianza mutua y “encontrarse en el territorio” para evitar que cada vez más personas terminen inmersas “en esa espiral en la que lo único que se busca es aniquilar, atropellar y anular”.
La reunión entre obispos, sacerdotes, jueces y fiscales se desarrolló en el Polideportivo San José, en el corazón de La Matanza, a diez cuadras de los monoblocks situados en la localidad de La Tablada en el que vivían las jóvenes brutalmente asesinadas. Hubo coincidencias en que la escalada de violencia en las poblaciones más humildes cruzó un límite y generó un grito de dolor y un clamor de urgente justicia.
Que no haya descanso en su búsqueda.
