La nueva etapa del gobierno de Javier Milei, delimitada por la mitad de su mandato presidencial y el éxito electoral del reciente comicio legislativo, puso a prueba también su capacidad de alejarse del riesgo que caracterizó al primer lapso de su Presidencia.
Es, en efecto, un tiempo nuevo para la sociedad -por el tenor de las medidas que se avecinan- pero también para el Gobierno y sus adversarios políticos.
Y si algo caracterizó a Milei y los suyos en la primera mitad del mandatao fue la falta de interés en establecer acuerdos, en tejer consensos que permitan dar previsibilidad y estabilidad a su administración. Sin más, gestionarse la estabilidad.
La imagen de un Javier Milei negociador, consensualista y dispuesto a entrar en la segunda etapa de su gestión reblandecido por el calor de un triunfo electoral impensado se instaló en amplios sectores del empresariado y también de la política, pero no se verifica en las primeras reuniones y conversaciones telefónicas que tuvieron los gobernadores de la oposición dialoguista con funcionarios del Gobierno en los últimos días. “No nos están convocando a negociar: ellos están invitando a que los acompañemos en lo que quieren hacer”, le dijo a Clarín uno de los gobernadores que habló por teléfono con Diego Santilli pero que no tiene cita concertada aún con el nuevo ministro del Interior.
A partir del 10 de diciembre, con el ingreso de los nuevos diputados y senadores, los veinte gobernadores que mantuvieron alguna clase de conversación con el Gobierno quedarán en situaciones diferentes.
Los cuatro que unieron sus listas a las de La Libertad Avanza verán cómo los bloques oficialistas se engrosan y podrán disponer del puñado de legisladores propios que consiguieron en octubre: algunos de ellos irán al bloque del PRO y otros a la diáspora radical.
Los gobernadores de Provincias Unidas están en estos días tratando de unificar una estrategia. Hay quienes están de acuerdo con armar un bloque lo más grande posible para disputar el reparto de las comisiones en el Congreso y condicionar con los dictámenes de los proyectos de ley la negociación con el Gobierno y otros gobernadores -en minoría- prefieren un interbloque, con espacios más chicos que respondan a cada provincia. La situación sigue sin resolverse, y tampoco está claro quién conducirá el bloque o interbloque de diputados. Hasta ahora, parecía un lugar diseñado para Juan Schiaretti, pero su largo viaje a España tras la derrota electoral lo puso más lejos de ese puesto.
Por último, un grupo de postkirchneristas como Hugo Passalacqua, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, que ya escucharon pedidos del Gobierno en este año, están explorando un acuerdo con el neuquino Rolando Figueroa para armar un espacio que los aleje de los bloques K.
Esos planes para incidir en la agenda de la Casa Rosada y recibir en 2026 un trato mejor que el que consiguieron hasta ahora dieron pocos frutos. Los más optimistas destacan que el Ministerio de Economía se puso pródigo con las autorizaciones para buscar financiamiento en el exterior. El martes, la Ciudad de Buenos Aires buscará colocar deuda en el exterior. Serán unos 600 millones de dólares que usará para pagar deuda anterior y correr hacia adelante los vencimientos. Es la segunda provincia que lo hace, luego de la colocación de Córdoba, que tomó US$ 725 millones en junio, en condiciones más adversas que las de hoy. A fin de mes, Santa Fe buscará colocar entre US$ 500 y US$ 1.000 millones a través de JP Morgan, pero en su caso los usará sobre todo para financiar obras públicas.
Esas emisiones, y las que están haciendo también varias empresas energéticas y alguna de otras industrias, le sirven a Luis Caputo para preparar el regreso del Estado argentino al mercado de endeudamiento: por un lado permiten tantear la tasa que podría pagar la Nación y por otro suman reservas al Banco Central, el alimento que más necesita el Gobierno.
