“El trabajador siempre fue y siempre será la parte más débil de la relación. Entonces, el derecho laboral es un derecho protectorio y lo dice alguien que es asesor de empresa”
Julián de Diego, abogado asesor de empresas
A esta altura, a nadie le caben dudas de que el gobierno de Javier Milei es promercado y proempresario. También que las expresiones “redistribución de la riqueza” y “justicia social” son veneno para su concepción ideológica.
Pero, llámesele como se quiera, los impuestos no son sino una expresión de la distribución de la riqueza y, sumada a la regulación justa de las relaciones laborales, la denominación común que se equipara al glosario peronista de la justicia social.
Uno de los principales problemas de la Argentina contemporánea, con cualquier signo ideológico en el gobierno, es la informalidad laboral.
Que el gobierno libertario se proponga una lucha contra la misma es para saludar, pero también para estar atentos, porque si la reforma no es equilibrada, puede pasar en un segundo de una legislación excesivamente protectoria a una dónde prime el “vale todo” en perjuicio del trabajador.
La historia muestra una evolución en las características del trabajo dependiente. De la condición de esclavitud, pasando por el sistema medioeval, hasta llegar a la revolución industrial, que generó la aparición de sindicatos y de reclamos por limitación de horas y mejores condiciones de trabajo.
Es decir, el entorno económico y la época, han ido determinando las características laborales de cada tiempo. Actualmente, las relaciones laborales en Argentina reflejan una estructura sindical robusta y una negociación entre trabajadores, empleadores y el Estado.
“Los sindicatos sólo representan a los trabajadores formales. El trabajador “en negro”, es un individuo sin derechos y sin protección social. Es la realidad que hay que cambiar”
Los desafíos actuales giran en torno a la adaptación a nuevas formas de empleo, la digitalización y la necesidad de garantizar derechos en un contexto de cambios constantes. Pero el desafío más importante es, a su vez, reducir la informalidad laboral.
Los trabajadores informales en Argentina suelen encontrarse en condiciones de vulnerabilidad laboral, ya que no cuentan con acceso pleno a la seguridad social ni a los derechos establecidos por la legislación vigente. Esto implica que carecen de cobertura médica, aportes jubilatorios y protección frente a despidos o accidentes laborales. Además, su salario y estabilidad dependen directamente de la voluntad del empleador, lo que los deja expuestos a situaciones de abuso y precarización.
Los índices reflejan el porcentaje de trabajadores informales por sobre el total de ocupados. Para que se tenga en cuenta la magnitud del problema, daremos algunos pocos números:
· Índice de informalidad laboral en América Latina: Argentina, 43,2% (2025); Brasil, 37% (2023); Chile, 27,4% (2022) y Uruguay, 22,1% (2022).
· La informalidad laboral ha ido creciendo en la Argentina de los últimos veinte años, siendo 2025 la mayor registrada.
· Por sectores, el servicio doméstico con el 73% y la construcción con el 70%, son los de mayor índice de trabajadores en la informalidad.
· El índice de informalidad laboral en Argentina presenta diferencias notables según el grupo etario. Los jóvenes, especialmente aquellos entre 18 y 24 años, son el segmento más afectado, con niveles de informalidad que pueden superar el 60%. En contraste, los trabajadores mayores de 45 años tienden a registrar una menor incidencia, aunque todavía significativa, con cifras próximas al 35%.
Ahora bien, otro número que especialmente debe tenerse en cuenta es la cantidad de puestos laborales que suministran las empresas conforme su envergadura. La pequeña y mediana empresa (Pymes), en Argentina, generan el 70% de empleos, las empresas grandes el 30% restante.
“El desafío es encontrar un punto de equilibrio que facilite la formalización laboral, incremente la oferta de empleo y confiera a los trabajadores un marco razonable de derechos”
Obviamente, es entre los pequeños y medianos empresarios dónde están los mayores índices de informalidad. Un simple razonamiento nos llevará a determinar el temor que tiene un emprendimiento con dos, cinco o diez trabajadores, por las tremendas cargas sociales que debe pagar y por las indemnizaciones por despido, que los puede llevar a la quiebra.
De manera tal que, no sólo para interés de los empresarios sino también para el de los informales, una reforma laboral se hace imprescindible, lo que favorecerá indudablemente a la economía en general, y especialmente a las cajas jubilatorias.
En este sentido, el desafío actual radica en encontrar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la necesidad de adaptar la normativa a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y económicas, fomentando así la inclusión en el empleo formal sin resignar derechos adquiridos.
Están dando vuelta varios proyectos y será un largo debate, pero es necesario darlo y obtener consensos para bien de todos: trabajadores, empresarios y el país en general.
