El experimento macroeconómico que convirtió a la Argentina en laboratorio del capitalismo concentrado se profundiza a medida que el presidente Javier Milei avanza sobre un siglo de protecciones estatales con la promesa de una libertad total basada en la competencia irrestricta, sin arbitraje alguno.
La ecuación de Milei es simple. Consiste en retirar al Estado de las relaciones transaccionales para que cada individuo encuentre la forma de ganarse la vida conforme a sus aptitudes. De esa forma, obtendrá dinero con el que consumirá cosas producidas por otros individuos aptos para fabricar, producir o cranear diferentes métodos de generación de riqueza. Es como volver a la era fenicia, cuando los comerciantes cambiaban productos con sus clientes hasta rebosar de oro, plata y estaño, fenómeno en torno del cual se visibilizó el dilema social eterno: pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco.
El fenómeno de la pobreza sistémica se vislumbró claramente con la revolución industrial del siglo XIX, cuando el comercio se complejizó a partir de la producción en serie y el nacimiento del proletariado. Y así como en la Revolución Francesa fue la burguesía la que se alzó contra los monarcas absolutistas, hace 200 años fueron los obreros los sublevados contra el abuso laboral de los dueños del capital. Marx con la plusvalía, la Doctrina Social de la Iglesia con sus conceptos antiexplotación humana y la revolución bolchevique fueron algunos de los mojones disparadores de lo que en el siglo XX se llamó Constitucionalismo Social, con los derechos laborales como eje.
¿Para qué tanta historia? Para entender que el modelo Milei es regresivo en tanto no haya un mecanismo de contención que proteja de la intemperie económica a los excluidos del nuevo paradigma. Los Estados modernos surgieron como respuesta a esa desprotección y concibieron para ello un entramado de normas que buscaron —con más o menos éxito— ecualizar la calidad de vida de aquellos vulnerables que, sin capital, solamente podían vender su fuerza laboral a los patrones, propietarios de los factores de producción.
Según el marketing de La Libertad Avanza, todo principio de solidaridad social debe ser erradicado para que la economía ascienda como “pedo de buzo”. En ese contexto, la reforma laboral es presentada como una herramienta necesaria para la dinamización económica que permitirá a las empresas contratar y despedir empleados sin burocracia, sin industria del juicio y sin intromisiones de las ahora inútiles Secretarías de Trabajo.
La ley que reduce las indemnizaciones, instaura el pago en especie y oficializa el extraño concepto de flexibilidad horaria, promete inyectar eficiencia pragmática a la relación laboral mientras esconde en su letra chica un plan para bajar los costos de producción mediante la profundización del proceso de achatamiento de la pirámide salarial, sin que sus defensores expliquen el principal efecto nocivo de esta receta, que no es otro que el descenso de la calidad de vida de la histórica clase media argentina, cuya capacidad de consumo se acota día a día.
Fue un escándalo el cierre definitivo de la legendaria fábrica de cubiertas Fate, pero dado que el Presidente de la Nación no tiene la más mínima intención de rescatar empresas cuya muerte considera necesaria para el advenimiento de un nuevo país, vale recordar las razones por las cuales la histórica planta de San Fernando cantó las hurras, que no se reducen a la llegada de la competencia china, sino que se enraízan en causas de fondo relacionadas con la demanda.
Aunque el precio de los cauchos bajó de 250 a 160 dólares en dos años debido a la apertura que permitió la entrada de nuevas marcas asiáticas, la caída de la producción local llegó al 50 por ciento, mientras que la importación se incrementó un 35 por ciento.
Es decir, hay un 15 por ciento de brecha que no se compensó con ruedas chinas, ni con nada. Solamente pasó que el mercado se achicó porque muchos consumidores no ganan lo suficiente para comprar neumáticos nuevos. Eso se llama recesión por caída de la actividad.
En los dos años de Milei se perdieron alrededor de 190.000 empleos registrados cuya desaparición se compensó con 160.000 incorporaciones al régimen de monotributo. Todos ellos pasaron de ganar entre 1.000 y 1.500 dólares mensuales a percibir unos 700 u 800 dólares producto de la precarización que el Gobierno piensa legalizar con la reforma. En el descenso salarial se explica la disminución de las ventas de cubiertas y de muchos otros productos, sin importar si son nacionales o importados.
Aquí aflora el meollo de las contradicciones mileistas: si la calidad del empleo desciende al mismo ritmo que los salarios, ¿quién comprará cubiertas, o celulares, o autos, o ropa, o remedios, o viajes de vacaciones?
El ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está feliz con el rumbo elegido. Para él, la Argentina debe hacerse fuerte en los rubros de los productos primarios y la energía, con lo cual debería abandonar la industria metalmecánica, textil y electrónica, como es el caso de las ensambladoras de teléfonos inteligentes en Tierra del Fuego.
¿Pero estamos seguros de que las ganancias obtenidas por la exportación de gas, petróleo, litio y soja en bruto alcanzarán para enmendar la desaparición del entramado industrial de un país que, a diferencia de Paraguay o Perú —dos ejemplos de economías primarizadas a las que miramos como espejo—, cuenta con una vasta red fabril y manufacturera?
Nadie está seguro de que la actividad primaria en ascenso compense el descenso de la actividad secundaria. De lo que sí podemos estar seguros es de que una nación soberana pierde autodeterminación en tanto desprotege a sus industrias, pues ocurre lo que dice Maquiavelo en el caso de los reinos que han preferido desfinanciar sus propios ejércitos para funcionar con ejércitos prestados: llega el día en que los mercenarios se vuelven en contra de quien los contrató ante la oportunidad de ganar dinero al servicio de otro príncipe.
La Argentina desindustrializada estará actuando en el teatro de operaciones de la guerra económica entre potencias con ejércitos prestados. Y será vulnerable a cualquier cambio de condiciones geopolíticas al punto de padecer, llegado el momento, la suba de precios internacionales de todo aquello que dejó de producir.
Y si eso ocurre, ya no podrá defender su economía interna mediante la sustitución de importaciones porque ya no tendrá fábricas para hacerlo. Podría darse la paradoja de que termine importando inflación, por ejemplo. Todo eso con una población empobrecida, una infraestructura pública destrozada, un Estado debilitado y un endeudamiento externo al que ya es adicta.
Que conste que tanto China como Estados Unidos y la Unión Europea subsidian a sus industrias y actúan con un criterio estratégico según el cual no se trata de tomar un camino dogmático de apertura total o proteccionismo estéril. Para las economías desarrolladas, la consigna es abrir o cerrar según el momento, de acuerdo a intereses nacionales estructurales. Porque esos países tienen claro algo que la Argentina de hoy no asimila: cuando una nación renuncia a la creación de valor agregado no solo terceriza bienes, sino que terceriza poder. Y el poder, como los ejércitos prestados de Maquiavelo, nunca vuelve gratis.
