El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes expresó su rechazo a la posible adhesión de la provincia a la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, que implicaría que la justicia local investigue delitos vinculados al “narcomenudeo”.
En una nota enviada a la Cámara de Diputados, la entidad planteó que el fuero penal provincial “no se encuentra en condiciones de absorber esa competencia” y advirtió que la medida “sería trasladar un problema federal a la provincia, sin presupuesto ni estructuras adecuadas”.
El proyecto en cuestión es el Expediente Nº 8141/24, con media sanción del Senado, que busca adherir al artículo 34 de la Ley Nº 23.737, modificado por la Ley Nº 26.052. A través de esa adhesión, los tribunales locales deberían investigar y juzgar causas de tenencia y comercialización de drogas en pequeña escala.
En diálogo con Hoja de Ruta, el presidente del Colegio de Magistrados, Diego Núñez Güell, explicó: “Lo que se pretende es transferir a la justicia provincial los procesos por narcomenudeo, es decir, la venta en pequeñas cantidades, los llamados ‘soldaditos’ o ‘quiosquitos’. Pero el problema no es tan sencillo: estaríamos atacando solo la base del negocio, sin poder investigar las líneas superiores, que seguirían en manos de la Justicia Federal”.
Núñez Güell remarcó además las limitaciones actuales del Poder Judicial correntino: “Estamos aún en proceso de readecuación al sistema acusatorio, que lleva cinco años en funcionamiento sin haber sido dotado de estructura orgánica suficiente, ni en recursos humanos ni en infraestructura material y tecnológica”.
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