El manejo del suministro de agua potable en el barrio Aviación desató una fuerte controversia entre los vecinos y la Municipalidad de la ciudad correntina de Mburucuyá.
A través de un comunicado, la comisión barrial calificó la situación como de "extrema gravedad", tras denunciar que se les impidió el acceso al tanque de agua que abastece a unas 400 familias.
Según los vecinos, por disposición del intendente Edgar Galarza Florentín, se ordenó colocar un candado en el recinto, lo que imposibilita las tareas de limpieza y mantenimiento que la comisión realiza habitualmente. "Esta acción arbitraria ha dejado el tanque en condiciones de vulnerabilidad, con su tapa expuesta, generando un riesgo sanitario directo", señalaron.
El presidente de la comisión vecinal, Antonio Verón, confirmó a El Litoral que el episodio ocurrió el martes y que ya radicó una denuncia policial. Verón explicó que el acceso es vital porque, ante bajas de tensión o cortes de luz, la protección de la bomba se activa y requiere una reactivación manual para no interrumpir el servicio. La comisión dio plazo hasta el sábado para recibir la llave o iniciará acciones legales.
El presidente afirmó que los vecinos del barrio colaboraron en la limpieza y mantenimiento del tanque.
La respuesta oficial
Ante la difusión del reclamo, la Municipalidad de Mburucuyá emitió un descargo para "llevar claridad a la población". En el documento, el Ejecutivo municipal sostuvo que garantizar el funcionamiento y control de los servicios públicos, incluido el agua, es una responsabilidad primaria e indelegable de la comuna.
Respecto a los denunciantes, el Municipio aclaró que:
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El grupo no acreditó poseer personería jurídica vigente.
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No cuentan con autorización formal de la Municipalidad para actuar en representación del barrio.
En consecuencia, el Municipio informó que asume la "responsabilidad plena" sobre la administración y mantenimiento del tanque.
Además, aseguraron que la intervención se realizó exclusivamente para proceder a la limpieza del sistema y optimizar el servicio, rechazando por "falsas e infundadas" las acusaciones de riesgo sanitario vertidas por los vecinos.
