De acuerdo a lo planteado por la organización liderada por la arquitecta Ana María Rolla de Roldán, las parcelas de tierra de la calle, con algo más de cien metros de extensión, fueron adquiridas por los vecinos en una operatoria del Banco de la Provincia de Corrientes. Entre las cláusulas contractuales de adquisición se establece una serie de normas de edificación y ocupación del suelo, tendiente a la creación de un área con condiciones residenciales especiales.
La referencia específica hace alusión a un punto en el que se solicita a los compradores de los terrenos tener a bien no elevar más de dos pisos de altura para las viviendas, que deberían ser “unifamiliares”, según pudo saber este medio.
Ante el inicio de las obras de la sociedad constructora “Schiavi-Pittón SRL”, los integrantes de la organización sin fines de lucro indicaron, en una nota recepcionada por la mesa de entradas del Municipio el 15 de junio, que la construcción de edificios en altura “rompen la armonía y las condiciones ambientales del conjunto”. En un párrafo del documento se detalla que el edificio sobrepasa “la altura de edificación que la propia normativa municipal establece” y “aspectos relacionados con el tejido urbano establecidos para el Distrito en Ordenanza respectiva” (sic).
Pero a renglón seguido, la denuncia reclama “la falta de actualización” del Código de Planeamiento Urbano, legislación que en ningún apartado prohibiría la elevación de la torre, según Maxi Pitton, uno de los constructores. Asimismo, Rolla de Roldán, secundada por el secretario Félix Rubén Scherman reclamaron la declaración de interés patrimonial, histórico, cultural y ambiental de la zona en cuestión.
Los terrenos, antes pertenecientes a la fallida empresa “Arroz SA”, según los denunciantes, tienen en sus dimensiones directa relación con la intensidad del uso y el área de superficies libre envolventes de los edificios. Por lo que se sabe, la construcción pretende concluir una torre de seis pisos de 170 metros cuadrados de superficie cada uno, con lujosos servicios habitacionales.
Pero “La costanera para todos” elevó la voz en busca de un resguardo a condiciones ambientales de iluminación, ventilación, asoleamiento, acústica, privacidad, higrometricidad, visuales y penetración de vientos ribereños, entre otros. Según detallaron en la acusación, la altura máxima reglamentada es superada en 4,70 metros, el exceso de construcción de planta baja es igual a 17,69 metros cuadrados, lo que arroja un total de 121,61 metros cuadrados proyectados en exceso.
TAMPOCO LOS KIOSCOS
A través de una nota dirigida a la intendente Nora Nazar de Romero Feris, los integrantes de “La costanera para todos”, reclamó por la excesiva instalación de kioscos móviles en la avenida ribereña.
De acuerdo al reclamo de los activistas por el embellecimiento del paseo público, la Ordenanza 1035/80 y una Resolución posterior especifican que solamente en un máximo de diez pueden permanecer en las aceras de la Costanera, pero los negocios se multiplicaron, al punto que recientemente se observó la instalación de tres nuevos templetes de venta pública. La delación también alude violaciones a las disposiciones de horario de permanencia.
Los kioscos, a entender de la institución, “no solo entorpecen la circulación y estacionamiento, sino que algunos de ellos ejercen la actividad comercial en cualquier hora del día ocasionando problemas a los vecinos”. De modo que, según añade la misiva, “también incumplen normas referentes a la higiene que debe prevalecer” en el paseo costero, “arrojando desperdicios y otros residuos”.