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Esos ricos presos políticos

Los doce jueces federales de la Capital Federal son los que poseen la competencia para juzgar la conducta de los funcionarios públicos nacionales. De ellos, hay un juzgado vacante, uno fue nombrado por De la Rúa, tres por Carlos Menem y los siete restantes por los Kirchner. Ninguno fue designado por Macri. Parece poco serio hablar de persecución política en ese contexto.

Por Jorge Eduardo Simonetti

jorgesimonetti.blogspot.com

Para El Litoral

 

“No hay nada bueno o malo, sólo el pensamiento lo convierte en una cosa u otra”.

Shakespeare, Hamlet, c.1602.

No parecía el mismo Boudou compungido como en el momento de su detención. Pasaron poco menos que setenta días y se lo vio salir del penal a un Boudou menos Boudou y más Amado. La excarcelación lo cambió todo.

Salía recargado, se sentía con fuerzas para ser justiciero de sus compinches. “No quiero ocuparme de mí, sino de los compañeros y las compañeras que están detenidos con prisión preventiva, son perseguidos”, dijo, atribuyéndose la responsabilidad de velar por  De Vido, Lázaro Báez, Lopecito (el de los bolsos), Ricardo Jaime, Cristóbal López, Marcelo Balcedo, el “Caballo” Suárez, el “Pata” Medina, Milagro Sala, Luis D’Elía y tal vez también, porque no,  de Cristina.

Para ello, Amado intensificará su actividad política “de la que nunca me fui”, aclara, como enterando al pueblo argentino de que podría ser candidato en el futuro para algún cargo público.

Sintiendo un fuerte viento de cola, el ex vicepresidente redobló la apuesta y comparó la administración kirchnerista con la Primera Junta, al decir que “no hay desde 1810 doce años ininterrumpidos de un sistema nacional y popular, y bueno, lamentablemente a nosotros nos toca pagar esto”. Seguramente, si de pagar se trata, tendrán con qué hacerlo.

Pero no seríamos del todo justos con los compañeros si no señaláramos que aventajan claramente a los próceres de Mayo por varios ceros, no tuvieron lo mismo Saavedra que Cristina, Belgrano que De Vido, Mariano Moreno que Boudou, Juan José Paso que Lopecito.

Se sintió tan recuperado, Amado, que se permitió dejar flotando una velada amenaza: “Esta democracia no resiste lo que está pasando”, dejando traslucir que el sistema democrático depende de la suerte que corrieran judicialmente los acusados de llevarse todo.

Haciendo gala de un “relativismo moral” a toda prueba, parecería que la excarcelación le hizo olvidar que está en pleno juicio oral por el caso Ciccone, y procesado por enriquecimiento ilícito y por los viáticos truchos, causas que están en un estado procesal que tal vez lo lleven próximamente a ser sentenciado.

Boudou es la cabeza del iceberg que expone la parte visible de una organización casi empresarial de corrupción pública, que hoy está siendo juzgada. No se trata de algunas “coimas”, o algunas trapisondas, sino de la más profunda, generalizada y organizada empresa política de sustracción del dinero público.

No hablo ya de causas con algún contenido de política pública, como la del dólar futuro o de Amia, que siendo muy graves no dejan de tener su costado opinable.

Me refiero a las montañas de dinero impúdicamente contadas delante de las cámaras, los autos de colección, las mansiones, los hoteles lujosos, el aumento exponencial de los patrimonios de los funcionarios kirchneristas y de la misma ex presidenta durante la gestión, la direccionalidad de la obra pública con sobreprecio, el lavado de dinero a través de los alquileres de hoteles a los mismos beneficiarios de contratos con el Estado.

Y de allí la pregunta del millón. Si en lugar de menear la argumentación inconsistente de “presos políticos”, ¿por qué no prueban con explicar, con algún grado de verosimilitud, de qué manera se enriquecieron en la función pública? ¿cómo invirtieron tan provechosamente sus sueldos de funcionarios públicos para tener tamaño progreso patrimonial? Tal vez logren que los jueces  y la sociedad los entienda.

 

Quien fue presidenta de la Nación por dos períodos consecutivos tiene el derecho de no declarar ante los jueces, tal como lo hace reiteradamente. Pero moralmente debe darle explicaciones verosímiles al pueblo argentino sobre las graves acusaciones en su contra. Lo de “exitosa abogada” no alcanza para justificar el sideral incremento de su patrimonio durante la función pública.

Para los ciudadanos rige el principio constitucional de “non bis in ídem”, por lo que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.

Los políticos acusados por delitos en la función pública tienen dos enjuiciamientos terrenales por un mismo hecho, a través del principio político del “bis in ídem”.

Por un lado el juicio de los jueces, por el otro lado el de la sociedad. Dos juicios y dos sentencias. El juicio final queda aparte, es “post mortem” ante Dios,  aunque pareciera que el kirchnerismo ya está adelantando gestiones ante Francisco.

En presencia de los jueces, invariablemente todos los acusados se limitaron a presentar un escrito sin contestar ninguna pregunta. Eso es legal, tienen derecho a quedarse callados, incluso a mentir.

Pero el juicio ético ante la sociedad que los eligió y los puso a administrar la cosa pública, es un proceso moral indispensable que tienen que atravesar los que manejaron el poder. En ese imaginario juicio hecho ante los estrados sociales, quedarse callados o mentir es prueba plena de responsabilidad.

Si la ex presidenta no se enriqueció ilícitamente, si no direccionó la obra pública, si no lavó dinero ajeno con el alquiler de sus hoteles, si no encabezó una organización dirigida a la sustracción de fondos públicos, si no dijo una palabra a los jueces para aclarar su situación, tiene la obligación política y ética de explicarle a la sociedad, a los votantes, con lujo de detalles, de qué manera incrementó exponencialmente su patrimonio durante su estada de ocho años en la presidencia de la Nación y cuatro de su marido.

Por supuesto que en ese segundo juicio la explicación debe ser verosímil, creíble, con pruebas al canto, no tendrá mucha fuerza de convicción el argumento de “exitosa abogada”, con el que intentara convencer a los estudiantes de Harvard. Habrá una sentencia política y moral, y los jueces seremos todos, y su silencio será presunción de culpabilidad.

 

Con su excarcelación, Boudou se sintió menos Boudou y más Amado. Eso le dio fuerzas para comparar a los funcionarios kirchneristas con los próceres de Mayo, aunque nada aclaró sobre la diferencia de varios ceros entre ambos.

No puedo dejar de reconocer que los jueces federales han dejado muchas dudas en su accionar, especialmente por la doble velocidad que han impreso a los juicios de corrupción sin que dieran razón alguna para justificarla. Pero, vale aclararlo, las víctimas de ello fueron los ciudadanos y no los acusados, porque lo que hoy hacen los magistrados es recuperar el tiempo perdido de ayer.

Es más, el propio Amado tendrá que contarnos por qué, para qué, y con qué fondos la empresa fantasma Old Found (sólo con tres facturas emitidas, dos de las cuales fueron anuladas), dirigida por su amigo y testaferro José María Núñez Carmona, compró Ciccone Calcográfica, una imprenta sofisticada para fabricar dinero.

También, entre otras cosas, deberá decirnos qué trabajos hizo Old Found a la Provincia de Formosa en la reestructuración de su deuda pública, para que Gildo Insfrán le diera un cheque tan jugoso, en el país en que precisamente Boudou era el Ministro de Economía. Y siguen  las explicaciones.

Si te acusan del robo de una gallina, cierto es que tenés que alegar que no robaste una gallina, y que el puchero que comías era de vaca y no de gallina, aportando como prueba los huesos que quedaron en el plato. Si a un acusado de robar gallinas no le admiten el argumento de la persecución política, menos aún lo harán con los imputados de sustraer montañas de dinero público.

En fin, todo cambia con el tiempo. Presos políticos no son los de antes, sino los de ahora, todos ricos.

 

 

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