El fondo sojero es el primer testeo

Por Alberto Medina Méndez

amedinamendez@gmail.com

@amedinamendez

Hace algunos años atrás, en circunstancias bastante particulares, nacía el Fondo Federal Solidario cuyo objeto era transferir a las provincias y a los municipios el 30% de lo recaudado por derecho a la exportación de soja.

Esa normativa surgió en tiempos en las que las controvertidas retenciones generaban recursos fiscales muy significativos para las arcas públicas. Por entonces, la totalidad de lo percibido quedaba en manos del poder central.

El mecanismo implementado, en esa ocasión, intento minimizar las crecientes tensiones políticas derivadas del conflicto con el campo. Los reclamos desde el interior no se hicieron esperar planteando que la distribución de esos dineros públicos debía ser mucho mas equitativa.

Con la llegada de Mauricio Macri a la máxima magistratura se anunció una reducción de los impuestos a las exportaciones que, en el caso de ese cultivo específico, sería progresivo con una dinámica anual escalonada.

Obviamente, bajo esas reglas explicitadas, las provincias y los municipios ya sabían, con bastante anticipación, el destino final que correría ese fondo especial, que inexorablemente mermaría hasta desaparecer por completo.

Hoy, la delicada situación de las finanzas nacionales, han generado imprevistas suspensiones en esas rebajas por lo que algunas reducciones esperadas finalmente no sucedieron en los plazos originalmente diseñados, extendiendo involuntariamente la vigencia de esta legislación.

En ese complejo marco y ante el agravamiento del cuadro general, las autoridades nacionales han anunciado una serie de medidas para acelerar la disminución del déficit fiscal, entre las que figura la definitiva eliminación de estas partidas.

Un polémico decreto presidencial, que saltea la instancia parlamentaria del debate, da por culminado este breve experimento impactando así sobre las complicadas economías de las comunas y las jurisdicciones provinciales.

Vendrá ahora todo el circo mediático propio de los montajes políticos previos a una elección relevante. De hecho, varios gobernadores ya han notificado acerca de su intención de aunar esfuerzos para presentarse ante la Justicia e impedir que esta decisión pueda llevarse a la práctica.

Muchos analistas económicos le vienen reclamando al Gobierno nacional, desde hace años, una reducción mas veloz, enérgica y contundente de esa gigantesca brecha fiscal negativa imposible de sostener en el tiempo.

El oficialismo, abusando de su habitual optimismo político, soñaba con que ciertas señales de incipiente crecimiento de algunos sectores permitirían resolver el problema sin necesidad de hacer ajustes demasiado traumáticos.

Esas proyecciones jamás se cumplieron. Ni el segundo semestre, ni los brotes verdes pudieron asomar como para evitar que sucediera, lo que la mayoría de los especialistas mas prestigiosos advirtieron como inevitable.

Con el diario del lunes, son muchos más los que ya entendieron que no se puede postergar hasta el infinito lo que resulta imperioso hacer, y que los atajos y ardides, casi nunca funcionan como lo imaginan los más ingenuos.

El nordeste argentino, como otras tantas regiones del país con innegables fragilidades estructurales, asiste ahora a una coyuntura absolutamente predecible que fue comunicada antes en reiteradas oportunidades.

La clase política regional no se puede sorprender. No resulta para nada creíble esa postura. No hay lugar para estas patéticas sobreactuaciones que sólo apuestan a especular electoralmente con esta endeble situación.

Esta decisión ha sido sólo una de esa larga secuencia que tendrá que aparecer si, de verdad, se quiere solucionar la cíclica historia de crisis seriales que tiene esta Nación y que ha llevado a tantas frustraciones. Los gobernadores e intendentes de esta parte del país deberían estar trabajando en lo que sucede y también en lo que viene. No se trata de aprovechar la ventaja política que el adversario otorga, sino de ser serios y cumplir con el mandato que la sociedad les ha asignado en esta etapa. Acomodar el gasto estatal a las reales posibilidades de sus comunidades es su principal tarea. Puede que esa labor no les resulte cómoda, ni gratificante, pero es el tiempo en el que les ha tocado en suerte gobernar.

Buena parte de la sociedad está hastiada de observar como la actividad política nunca se ajusta el cinturón y pretende que los ciudadanos sean los que paguen los costos de este imprescindible sinceramiento económico.

Es el momento de la ejemplaridad. Si los políticos fueran más astutos se darían cuenta de lo mucho que capitalizarían electoralmente si lideraran estos procesos con gestos de coherencia, austeridad y sentido común.

La gente espera que sus dirigentes se pongan, de una vez por todas, los pantalones largos, se hagan cargo de sus indelegables responsabilidades políticas y asuman con sensatez este trance que estará repleto de escollos e inconvenientes, pero que es la clave para proyectar el futuro de todos.