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Ser estudiante universitario es un derecho, pero también un compromiso social

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Por Mónica Beltrán 
Especial
Periodista y escritora. Autora del libro “La Franja. De la experiencia universitaria al desafío del poder”.

Este 22 de noviembre se cumplen 70 años del Decreto 29337/49 a través del cual el entonces presidente Juan Domingo Perón declaró la gratuidad de los estudios universitarios, una característica central del sistema universitario argentino. Los fundamentos del decreto establecían la erradicación del privilegio en el acceso al nivel superior. A partir de entonces ser universitario fue un derecho social.
La gratuidad de la enseñanza universitaria distingue al sistema de educación superior argentino, como también lo hace la libertad de cátedra y el cogobierno establecido a partir de la Reforma del 18.
Un tema diferente es quienes llegan a la universidad y quienes se gradúan. A pesar de que la matrícula incrementa año y año en todos los niveles educativos y que el sistema universitario se haya extendido al conurbano bonaerense y a todo el país, los jóvenes de las familias populares no siempre alcanzan esa formación. El ingreso temprano al mercado laboral y el temor al fracaso en aulas que son aun escollos para la igualdad.
Este país es uno de los diez del mundo que tienen estudios universitarios gratuitos. La gratuidad, suspendida por la última dictadura militar y recuperada con la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín en 1983, es una característica que profundizó el reformismo universitario.
En 1918 ya se había consagrado la democratización del sistema, dejando atrás una universidad con grandes privilegios para unos pocos. El espíritu libre de la reforma impulsada por los estudiantes cordobeses, instaló la libertad de cátedra, los concursos docentes, el cogobierno y la perspectiva latinoamericanista que marcaron para siempre a la universidad argentina.
La gratuidad del 49 tuvo consecuencias directas sobre el crecimiento de la matrícula, la que se triplicó en una década: de 40.284 estudiantes en 1945, pasaron a ser 138.871 en 1955.
Que haya sido el peronismo el que consagró la gratuidad de la enseñanza no es un tema menor, desarma el mito que asocia a ese movimiento con la tan repetida frase: “alpargatas sí, libros no”, un cántico que se originó en un enfrentamiento callejero en 1945 entre obreros peronistas y estudiantes antiperonistas y que sirvió para la construcción ideológica de que el peronismo es enemigo de la cultura.
La universidad es desde hace ya más de cien años reformista y desde hace setenta gratuita. Ambas conquistas son triunfos de la democracia y la igualdad.
El arancel universitario fue discutido en distintas etapas del país. La más reciente en los '90 de Carlos Menem. En esos años se instaló también la idea de limitar el ingreso a la universidad. Ambas propuestas fueron rechazadas unánimemente por los estudiantes que salieron a la calle para expresar su oposición masivamente. No hubo grieta estudiantil en relación a esos valores de la universidad argentina.
Ahora bien, esto no implica que no haya que pensar otros cambios. La igualdad de género en las carreras, en el acceso a los puestos de gestión universitaria, entre el claustro de profesores, la regularización de todos los concursos docentes, la actualización de los planes de estudio a la sociedad 2.0 actual, las planificación para aggiornarse a las nuevas profesiones, la necesidad de formar alumnos que puedan ser lo suficientemente flexibles para circular por un mundo globalizado, son todos desafíos pendientes.
La multiculturalidad es también una deuda, en una universidad con contenidos y programas de estudios aun academicistas y elitistas, con dificultades para el acceso y la permanencia en las aulas de los sectores populares, pero también de personas con discapacidad o migrantes.
La universidad es autónoma y la gratuidad es un derecho. Sirve para igualar, pero al mismo tiempo obliga al Estado a promover valores y planificar el futuro mundo del trabajo y a los graduados universitarios a saber que tienen un compromiso con la sociedad.
Los profesionales son financiados por la propia sociedad que paga sus impuestos. El Estado argentino tiene que definir qué tipo de profesional universitario necesita esta sociedad. Esto implica investigar el futuro del mercado laboral, planificar, promover ciertas disciplinas e instalar una política de becas que promueva e iguale en el sistema educativo y en el mundo del trabajo.
Tiene que crecer también la cantidad de graduados. Argentina tiene 6 graduados de cada cien estudiantes, según estadísticas del Centro de Estudios de la Educación Argentina del 2016. Estudiar es un derecho, pero también una responsabilidad. Ojalá este nuevo aniversario de la gratuidad universitaria, sirva para valorar, repensar su sentido y ponernos firmes en asumir tantos desafíos pendientes.

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Ser estudiante universitario es un derecho, pero también un compromiso social

Por Mónica Beltrán 
Especial
Periodista y escritora. Autora del libro “La Franja. De la experiencia universitaria al desafío del poder”.

Este 22 de noviembre se cumplen 70 años del Decreto 29337/49 a través del cual el entonces presidente Juan Domingo Perón declaró la gratuidad de los estudios universitarios, una característica central del sistema universitario argentino. Los fundamentos del decreto establecían la erradicación del privilegio en el acceso al nivel superior. A partir de entonces ser universitario fue un derecho social.
La gratuidad de la enseñanza universitaria distingue al sistema de educación superior argentino, como también lo hace la libertad de cátedra y el cogobierno establecido a partir de la Reforma del 18.
Un tema diferente es quienes llegan a la universidad y quienes se gradúan. A pesar de que la matrícula incrementa año y año en todos los niveles educativos y que el sistema universitario se haya extendido al conurbano bonaerense y a todo el país, los jóvenes de las familias populares no siempre alcanzan esa formación. El ingreso temprano al mercado laboral y el temor al fracaso en aulas que son aun escollos para la igualdad.
Este país es uno de los diez del mundo que tienen estudios universitarios gratuitos. La gratuidad, suspendida por la última dictadura militar y recuperada con la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín en 1983, es una característica que profundizó el reformismo universitario.
En 1918 ya se había consagrado la democratización del sistema, dejando atrás una universidad con grandes privilegios para unos pocos. El espíritu libre de la reforma impulsada por los estudiantes cordobeses, instaló la libertad de cátedra, los concursos docentes, el cogobierno y la perspectiva latinoamericanista que marcaron para siempre a la universidad argentina.
La gratuidad del 49 tuvo consecuencias directas sobre el crecimiento de la matrícula, la que se triplicó en una década: de 40.284 estudiantes en 1945, pasaron a ser 138.871 en 1955.
Que haya sido el peronismo el que consagró la gratuidad de la enseñanza no es un tema menor, desarma el mito que asocia a ese movimiento con la tan repetida frase: “alpargatas sí, libros no”, un cántico que se originó en un enfrentamiento callejero en 1945 entre obreros peronistas y estudiantes antiperonistas y que sirvió para la construcción ideológica de que el peronismo es enemigo de la cultura.
La universidad es desde hace ya más de cien años reformista y desde hace setenta gratuita. Ambas conquistas son triunfos de la democracia y la igualdad.
El arancel universitario fue discutido en distintas etapas del país. La más reciente en los '90 de Carlos Menem. En esos años se instaló también la idea de limitar el ingreso a la universidad. Ambas propuestas fueron rechazadas unánimemente por los estudiantes que salieron a la calle para expresar su oposición masivamente. No hubo grieta estudiantil en relación a esos valores de la universidad argentina.
Ahora bien, esto no implica que no haya que pensar otros cambios. La igualdad de género en las carreras, en el acceso a los puestos de gestión universitaria, entre el claustro de profesores, la regularización de todos los concursos docentes, la actualización de los planes de estudio a la sociedad 2.0 actual, las planificación para aggiornarse a las nuevas profesiones, la necesidad de formar alumnos que puedan ser lo suficientemente flexibles para circular por un mundo globalizado, son todos desafíos pendientes.
La multiculturalidad es también una deuda, en una universidad con contenidos y programas de estudios aun academicistas y elitistas, con dificultades para el acceso y la permanencia en las aulas de los sectores populares, pero también de personas con discapacidad o migrantes.
La universidad es autónoma y la gratuidad es un derecho. Sirve para igualar, pero al mismo tiempo obliga al Estado a promover valores y planificar el futuro mundo del trabajo y a los graduados universitarios a saber que tienen un compromiso con la sociedad.
Los profesionales son financiados por la propia sociedad que paga sus impuestos. El Estado argentino tiene que definir qué tipo de profesional universitario necesita esta sociedad. Esto implica investigar el futuro del mercado laboral, planificar, promover ciertas disciplinas e instalar una política de becas que promueva e iguale en el sistema educativo y en el mundo del trabajo.
Tiene que crecer también la cantidad de graduados. Argentina tiene 6 graduados de cada cien estudiantes, según estadísticas del Centro de Estudios de la Educación Argentina del 2016. Estudiar es un derecho, pero también una responsabilidad. Ojalá este nuevo aniversario de la gratuidad universitaria, sirva para valorar, repensar su sentido y ponernos firmes en asumir tantos desafíos pendientes.