Una Corte mía, mía, mía

Por si quedaba alguna duda, Luis D’Elía lo dejó bien claro: “O metemos una Corte nueva a como dé, o en febrero Cristina está en cana”. El expiquetero y dirigente kirchnerista, en prisión domiciliaria y condenado por la toma de una comisaría en La Boca, sugirió nombrar seis jueces más, de modo de pasar a “ser mayoría” y salvar así a la vicepresidenta de lo que, en sintonía con ella, D’Elía considera lawfare y otros, justicia a secas.

En un tono similar se había pronunciado días atrás Francisco “Paco” Olveira, sacerdote K del grupo de “Curas en opción por los pobres”, organizador de la marcha del lunes pasado por una “Navidad sin presos políticos” -eufemismo por políticos presos por corrupción- que le pidió a Alberto Fernández indultar a Amado Boudou, condenado por la causa Ciccone, “no reconociendo ningún tipo de delito” y destituir a los miembros de la Corte, hablando de “extorsión”, “mafia” y de “haber pasado un límite”, para agregar: “No puede ser que con un gobierno nacional y popular tengamos esta deuda pendiente de la democracia”.

Tiempo atrás el ahora exintendente K de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, había pedido la presencia de “militantes nuestros” en un ampliado Tribunal, y a su turno Hebe de Bonafini llamó a “tomar la Corte Suprema” y calificó a sus integrantes como “cómplices de la muerte” cuando acordaron convocar a una reunión para tratar la situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, los tres jueces desplazados por el kirchnerismo, por entender en expedientes sensibles para la vicepresidenta.

Podrían tomarse, junto a algunas otras en la misma línea, casi como expresiones marginales. Lo grave es que son ecos insistentes de un reclamo enarbolado desde lo más encumbrado del poder. 

Desesperada ante la falta de resolución favorable de las causas que la involucran junto a sus hijos, y después de la ratificación del fallo contra quien fuera su vice, Cristina redobló su ofensiva contra la Corte Suprema en un crescendo que ha hecho sonar todas las alarmas.

En su carta pública de principios de mes, criticó duramente y descalificó, uno por uno, a los cinco miembros de la Corte, habló de “lawfare al palo”, alertó acerca de la posibilidad de que dictaran fallos para “condicionar, extorsionar, o hacer fracasar al Gobierno”, aludió a que el Poder Judicial “no va a elecciones” y otras consideraciones, con algunos tiros por elevación a Alberto F., al que sin nombrarlo responsabiliza de que el lawfare siga “en su apogeo”.

Pareciera desconocer así lo que establece el artículo 109 de la Constitución Nacional: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. En 2018, la encuestadora regional Latinobarómetro (alrededor de 20 mil entrevistas anuales en 18 países) detectó el número más bajo de satisfacción con la democracia en la región en sus 23 años de mediciones: tres de cada cuatro latinoamericanos se expresaron en forma negativa sobre la vida política en su país. No fue el único índice alarmante: también por primera vez, el apoyo pleno a la democracia como forma de gobierno fue inferior al 50%. Y un 28% se mostró indiferente entre un régimen autoritario y uno democrático, el nivel más alto registrado hasta el momento, y el doble del mínimo histórico (14%), en 1997.

La corrupción percibida y el desempeño económico percibido, sumados a la falta de soluciones a los problemas de la gente por parte del sistema, de acuerdo con los expertos, explicarían en gran parte estas respuestas. Costó mucho por estos lados recuperar la democracia. Es peligroso cuando desde el poder se intentan maniobras o se ponen en marcha mecanismos que apuntan a las bases de su funcionamiento, como la división de poderes, la independencia de la Justicia o la sanción de los delitos de sus funcionarios. Nada debe ser dado por descontado. Ni siquiera la democracia. Experiencias sobran.