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La ideologización de la Justicia

Por María Jimena Molina*

Publicado en Infobae

Desde hace varias semanas se ha producido en forma masiva la liberación de delincuentes. El pretexto utilizado para ello es la pandemia actual, es decir, la necesidad de que los presos sean alejados de su lugar de detención para evitar posibles contagios de covid-19. Lo que se encuentra enmascarado en ese pretexto es la existencia de un plan que antecede a la aparición del virus en nuestro país. Es decir, el coronavirus ha resultado ser una deleznable excusa para llevar adelante un objetivo tenido en mira por funcionarios judiciales y políticos.

Las pruebas incontrastables de que el plan masivo de excarcelaciones era anterior a la excusa viral son varias. Desde fines del año pasado, la Justicia bonaerense emitió comunicados en los que ponía de resalto la situación carcelaria y denunciaba la existencia de una supuesta sobrepoblación en el sistema penitenciario (naturalmente, en lugar de señalar la necesidad de construir nuevas cárceles, se comenzaba a abrir la puerta para la liberación de los reos, seguramente bajo la presión de la nefasta ideología de que los delincuentes son, en el fondo, pobres víctimas de la sociedad opresora). Además, organismos estatales como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se pronunciaron acerca de esta cuestión y presionaron fuertemente para lograr la liberación de presos. A ello se sucedieron algunas decisiones poco felices, como el dispendio a miembros del Ministerio Público Fiscal de impugnar excarcelaciones o, al menos, de hacerlo “cuando se considere necesario”.

A través de la máxima engañosa “las cárceles están hacinadas, los presos deben ser liberados”, se intentó resolver un problema extrajurídico aparente con una respuesta que lejos está de ser jurídica.

El otorgamiento del arresto domiciliario a casi 2.500 delincuentes hasta el momento en la provincia de Buenos Aires revela que el coronavirus ha venido como anillo al dedo para brindar sin más el beneficio antes mencionado bajo escudos que a simple vista lucen legítimos, como la emergencia sanitaria o los derechos del imputado. No hay discriminaciones: son tributarios de esa prerrogativa tanto los que cometieron delitos “leves” como también los femicidas y los violadores.

Como contrapartida de ello, las víctimas, lejos de ser notificadas y consultadas, de acuerdo con lo previsto por la Ley 27.372, fueron dejadas de lado nuevamente por esta gimnasia penal que ejercita día a día la impunidad.

La situación es acuciante y no hace más que revelar la temeraria ideologización de la Justicia y, por ende, la de los funcionarios que la componen, quienes amparándose engañosamente en las garantías que les asisten a los imputados, implosionan poco a poco el sistema penal, tal como lo pregona el abolicionismo.

Es tiempo de alzar la voz, de defender la Justicia entendida en el contexto del pacto social firmado por cada uno de los ciudadanos, de reivindicar los valores republicanos propios de un Estado de Derecho y de no descuidar la seguridad de los argentinos.

*La autora es abogada, especialista en Derecho Penal y miembro de Usina de Justicia.

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