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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

La pandemia de iniquidades

Por Emilio Zola

Especial Para El Litoral

Los números de la pandemia muestran una Argentina en permanente caída, con destrucción de empleo, pulverización de Pymes, desaparición de comercios y el consiguiente impacto social en el aumento de la indigencia, todo esto conjugado con una notable caída en los niveles de recaudación que se evidencia en el menguado flujo de recursos que vuelca el Estado a la obra pública en el orden nacional, por citar una recurrente herramienta de dinamización económica del país.

En este contexto, la continuidad de las medidas de prevención entendidas como extensiones interminables de la cuarentena resultan indigeribles para un sector social en descontento creciente. Son los comerciantes, pequeños empresarios y cuentapropistas que no dependen del sueldo estatal, quienes reclaman alternativas similares a las aplicadas por los países que abrieron sus economías a pesar de la plaga planetaria en un contexto local donde, además de la hecatombe viral, se configura un cuadro de alta volatilidad social con responsabilidades institucionales muy marcadas.

Una sucesión de hechos políticos de alto impacto negativo se conjugó con el hastío generalizado y potenció la mala sangre de una sociedad sin resto para aguantar el prolongado parate pandémico. Si vamos por orden cronológico, el primero de ellos fue el intento de estatización de la aceitera Vicentin, gema de la agroindustria del interior santafesino cuyo nombre representa mucho más que una fábrica para la comunidad de Avellaneda, Reconquista y alrededores, en razón de que sus orígenes se entrelazan con la historia de cada familia de la región.

El caso Vicentin enervó innecesariamente a los santafesinos en particular y a los argentinos en general, no sólo debido al riesgo institucional que supone tomar coercitivamente el control de una empresa privada sino a las formas elegidas por el Presidente, quien formuló el anuncio impulsado por el ala dura del kirchnerismo ante el supuesto peligro de que la compañía terminara en manos de capitales extranjeros.

Con el correr de los días quedó claro que tales riesgos de extranjerización de la firma agroexportadora no eran tales, ya que la operación se circunscribía a la filial paraguaya de Vicentin, y se demostró que el plan presidencial en realidad era un dechado de improvisaciones de sesgo ideológico que, sin el aval del gobierno justicialista de Santa Fe, pretendía hacerse de los dólares provenientes de las operaciones internacionales de la sociedad encabezada por la familia Nardelli.

Claro que Vicentin había entrado en cesación de pagos y dejó un tendal de productores sin cosecha y sin cobrar un peso, pero un juez civil estaba interviniendo en el caso y el intento intervencionista del Estado vulneraba las facultades de otro poder del Estado. Para justificarlo, se trajo a colación que los Nardelli habían sido aportantes de campaña de Cambiemos en las elecciones del 2019, al mismo tiempo que recibieron un crédito multimillonario del Banco Nación. Pero se omitió un detalle no menor: también habían inyectado fondos a la campaña del Frente de Todos, en la archiconocida estrategia del huevo en cada canasta.

A medida que las puebladas se repetían en el norte santafesino, la imagen del presidente Fernández comenzó a sufrir mella en combinación con otros factores relacionados con la crisis económica ocasionada por el coronavirus y un buen día, sin que mediaran explicaciones, el jefe de Estado dejó de hablar de estatizaciones y mágicamente se olvidó del asunto. Le entregó la bomba al gobernador Omar Perotti, para que la desactive sin hacer batifondo, mientras el covid-19 volvía al centro de la escena para difuminar todo vestigio del frustrado intento expropiador.

Después estalló el escándalo del espionaje ilegal, con detenciones masivas y un rosario de acusaciones que apuntaban al ex presidente Mauricio Macri en una suerte de Watergate argentino. Pero no. El juez que había iniciado las actuaciones, Federico Villena, terminó apartado del expediente al descubrirse que muchas de las operaciones encargadas a los cuadros orgánicos de la AFI habían sido solicitadas por su juzgado, con lo cual la causa pasó a manos de otro magistrado y se descomprimió al punto de que la veintena de agentes sospechosos recuperó la libertad en cuestión de horas. 

Solamente los espías más complicados quedaron en arresto domiciliario, pero sin barrunto de esclarecimiento, con la amarga sensación de que provocan las acciones judiciales que sólo buscan generar un shock de corto plazo para motorizar la indignación social sin indagar en la verdadera responsabilidad de los acusados y con altas probabilidades de que, una vez más, el sistema judicial desemboque en un camino ciego, sin sentencia que defina la culpabilidad de los investigados.

El tercer episodio disparador de la irritación colectiva fue el crimen del ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez. Implicado en la famosa causa de los cuadernos e imputado por presunto lavado de activos, quien fuera el ladero de la actual vicepresidenta fue encontrado muerto en extrañas circunstancias en una finca de El Calafate, hecho que despertó sospechas sobre un presunto asesinato por encargo contra alguien que sabía demasiado.

Si bien las investigaciones condujeron el caso hacia otras motivaciones y existen pruebas de que un grupo de cuatro jóvenes habría torturado a Gutiérrez para apoderarse de una suma de dinero, en el aire quedaron flotando los vahos de la politización no sólo por la carta pública que difundiera un sector de Cambiemos sino por la intervención de la fiscal del caso, que no es otra que la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, Natalia Mercado.

¿Es necesario que una pariente directa de la ex presidenta entienda en el homicidio de su ex secretario? En el supuesto de que el procedimiento resulte ajustado a derecho y de que Mercado esté legalmente habilitada para actuar en el caso, ¿la Justicia de Santa Cruz no podría guardar las formas para evitar suspicacias? No es un suceso policial más, sino uno que involucra al palafrenero presidencial que habría recibido dinero negro proveniente de la obra pública, cuyo patrimonio se incrementó a niveles estratosféricos durante el lapso en el que asistió a CFK. 

Para coronar la colección de acontecimientos encrespantes apareció en el horizonte la figura de Lázaro Báez. Después de cuatro años privado de su libertad sin condena, el Tribunal Oral Federal N° 4 le concedió la excarcelación en la causa por la “Ruta del Dinero K” a cambio de una caución que asciende a 632 millones de pesos. Según sus abogados, el otrora magnate de la construcción en tiempos de gobierno kirchnerista no puede pagar esa prima en razón de la multiplicidad de embargos que congelaron sus bienes. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Cuál es la procedencia de su dinero? ¿En estos años de poner el patrimonio de Báez bajo la lupa nadie logró desentrañar el mecanismo que le permitió a un ex empleado bancario de Santa Cruz transformarse en un megamillonario?

La pandemia azota a la Argentina en este 2020 inverosímil, pero ni siquiera una peste asesina que mantiene a la humanidad amedrentada alcanza para disimular las miserias de un sistema político que consiente el perjurio de la corrupción impune. He allí el inapelable motivo de la colérica reacción de las muchedumbres que el 9 de julio salieron a romper la cuarentena para gritar contra el cercenamiento de libertades individuales. Está claro que infringieron la ley en un marco de alto riesgo de propagación, pero por razones comprensibles que se fundan en el hartazgo frente a una situación económica asfixiante, combinada con una interminable retahíla de iniquidades que no se conjuran con el IFE ni con discursos de buenas vibras en un acto por Zoom.

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