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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Marche una corte para Cristina

Por Jorge Eduardo Simonetti

jorgesimonetti.com

Especial para El Litoral

“La Corte debe tener 5 

miembros, el resto es todo una fantasía”.

Alberto Fernández, 2016

Que Argentina gane el campeonato de las volteretas conceptuales no es ni una sorpresa ni un orgullo. Pero que el campeón sea el Presidente de la Nación es una vergüenza para todos. Una vez más, con el rostro pétreo de los que no tienen palabra, Alberto anuncia su “consejo asesor” para incrementar el número de miembros de la Corte, que actualmente es de cinco.

Como el mismo Alberto, que cuatro años antes dijera que la Corte debe tener cinco miembros, también es la propia Cristina, que participara de la disminución de los nueve miembros de Menem a los cinco actuales, la que se encuentra detrás del aumento, y una posible división en salas.

Es cierto, Argentina tiene una larga historia de utilizar el número de cortesanos como variable de ajuste de los problemas políticos. No está en la Constitución y puede cambiarse por ley, para felicidad de todos y todas.

A mediados de 1800, la Corte tuvo cinco miembros, número que se mantuvo durante casi cien años. En 1960 se incrementó a siete, y el gobierno militar en 1966 lo disminuyó nuevamente a cinco. En la década del noventa, Carlos Menem lo incrementó a nueve, logrando la ya famosa “mayoría automática”. Más, en 2006, el propio kirchnerismo disminuyó el número a cinco cortesanos, que es la conformación actual.

¿Nos debe asustar un mayor número? Normalmente no.  La Corte Suprema de Chile tiene 21 integrantes, con un Tribunal Constitucional de diez. El Supremo Tribunal Federal de Brasil tiene 11 jueces. En la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo se divide en seis salas, una constitucional de 6 miembros y las otras cinco salas con 5 cada una: es decir un total de 31 jueces.

La Corte Suprema de los Estados Unidos está compuesta por 9 miembros, así como la de Canadá. Inglaterra y los países que integran el “Common Law” cuentan con 12 “justices”.  En Europa continental, tenemos las cortes de Alemania, con 16 miembros; Francia, con 16; Italia, con 15. España tiene un Tribunal Constitucional con 12 integrantes y un Tribunal Supremo con cinco salas y 74 integrantes en total.

En Oriente, la Corte Suprema de Israel consta de 15 miembros y la de la República Popular de China de 16.

En un libro de mi autoría, en el capítulo “Número de cortesanos, una variable de ajuste”, dije que “a decir verdad, no hay ser humano que, sentado en el sillón de mando, no quiera tener jueces adictos. Ocurre que, mientras los gobernantes normales sujetan sus propios deseos y respetan las instituciones, hay otros que no se limitan en el cumplimiento de sus instintos más primarios, aún a costa de moldear las instituciones a gusto y paladar de cada quién. No es, entonces, una cuestión de números, sino de actitud, de respeto, de autolimitación auténtica”. (“Justicia y Poder en tiempos de cólera”, Simonetti E., Ed. ConTexto, 2015, p. 89).

En definitiva, entonces, el número no hace a la cuestión de fondo, sino su utilización para solucionar los problemas políticos y judiciales de la clase dirigente. Verdaderamente, asusta e indigna la desvergüenza de los gobernantes en no hesitar para modificar la integración del más alto tribunal del país, con tal de tener una justicia adicta.

Pero ahora la cuestión se presenta mucho más grave, por sus contornos precisos y delimitados. No se trata ya solamente de la pretensión difusa de dominar políticamente a la justicia. Se quiere alcanzar, con el incremento del número de cortesanos, el objetivo concreto de tener una mayoría propia que resuelva favorablemente la impunidad de la corrupción kirchnerista, tirando abajo las numerosas causas en trámite.

En el artículo del pasado domingo, con el título de “Una reforma judicial mafiosa”, me refería a las distintas medidas que se intentarían adoptar para converger en un sólo objetivo: la impunidad de los actuales detentadores del poder. Mencioné no sólo la modificación de códigos, competencias, jurisdicciones, designación de nuevos jueces, sino también la instrumentación de los cambios necesarios para tener mayorías propias en el Consejo de la Magistratura (que designa y remueve a los jueces), en el Tribunal de Casación Federal (que resuelve las cuestiones de derecho) y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Obviamente la joya de la corona es la Corte, que es el lugar donde se jugará a suerte y verdad el destino final de Cristina y sus amigos. Y, como no podía ser de otra manera, para lograr una integración “amistosa” deben incrementarse sus integrantes y, probablemente, dividir su actuación en salas por materia.

Con la vana y patética jugada de formar un “consejo asesor” para opinar acerca del incremento del número de cortesanos, Alberto cree que blanquea su pretenso propósito de hacerlo de todos modos para cumplir con la condición número uno de su sillón presidencial.

La integración lo hace obvio: León Arslanián es defensor de dos caracterizados kirchneristas: Alejandra Gils Carbó y Ricardo Echegaray. Carlos Beraldi es abogado de Cristina, amigo de Alberto y suscribe la teoría del “lawfare”. Enrique Bacigalupo es un referente jurídico del presidente. Andrés Gil Domínguez ya se pronunció favorablemente sobre el tema. Gustavo Ferreyra es un “pupilo” de Zaffaroni. Marisa Herrera, que se define como kirchnersita, tiene su escritorio decorado de muñecas rusas que corporizan a Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez, entre otros. El hijo de Claudia Sbdar fue secretario privado de Alperovich. El mendocino Omar Palermo integra la agrupación kirchnerista “Justicia Legítima”.

¿Alguien tiene alguna duda de que la “comisión” opinará en favor del incremento del número de miembros de la Corte? Si la tiene, habrá que acudir urgentemente a un psicólogo.

Lo más patético de esta reforma judicial no es, como debería, que nuestro propio presidente de la nación pretenda hacernos pasar gato por liebre, en realidad ya estamos acostumbrados a ello. Lo verdaderamente escandaloso es que son tan previsibles las jugarretas pergeñadas bajo el ampuloso paraguas de la “reforma judicial”, que se han despojado de cualquier rastro de una ética mínima, para avanzar inescrupulosamente en conformar el escenario perfecto para la impunidad.

Por mayoría legislativa simple pueden cambiar el número de cortesanos, pero para otras medidas, como el acuerdo para los nuevos miembros, precisan de los 2/3 del Senado. Juntos por el Cambio se pronunció en contra de la reforma, el grueso de la Corte no asistió a la presentación de Alberto. Señales.

Los ciudadanos esperamos que no se les haga fácil a los que pretenden utilizar el poder para sus trapisondas. Caso contrario, Dios socorra a la república.

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